Volver a 1998 sería fracasar

Reconocerlo no disminuye en absolutamente nada la responsabilidad del chavismo por la destrucción posterior. Significa algo mucho más incómodo: si algún día queremos construir una Venezuela donde no pueda aparecer otro Chávez, tendremos que preguntarnos también qué hicimos antes para que el primero pudiera llegar.

El período democrático final de la llamada Cuarta República fue infinitamente más libre, institucional y republicano que todo aquello que vino después. Existían elecciones, alternancia, partidos políticos, medios independientes, propiedad privada y una sociedad civil que podía desenvolverse con relativa libertad. Había instituciones imperfectas, pero había instituciones, y existía una certeza bastante razonable de que quien perdiera unas elecciones entregaría el poder.

No pienso cometer la estupidez de equiparar aquello con el chavismo. Pero tampoco pienso idealizarlo. Aquella democracia terminó convirtiéndose en una República altamente ineficiente, burocratizada, clientelar y crecientemente populista. Intentó hacer muchas cosas, algunas valiosas, pero progresivamente fue construyendo un Estado enorme que prometía mucho más de lo que podía hacer bien y que utilizaba parte de sus recursos para mantener redes políticas y satisfacer demandas inmediatas sin solucionar necesariamente sus causas.

Durante la llamada Venezuela Saudita entraron cantidades extraordinarias de dinero. Parte se utilizó para modernizar el país y desarrollar proyectos importantes. El programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, por ejemplo, permitió formar venezolanos en universidades extranjeras y partía de una idea perfectamente defendible: aprovechar la riqueza petrolera para desarrollar capital humano. Pero junto con aquello hubo despilfarro, corrupción, clientelismo, crecimiento del aparato estatal y una peligrosa sensación de que la riqueza petrolera sería prácticamente inagotable.

Venezuela creció, pero también engordó. Y finalmente empezó a pagar la cuenta.

El 18 de febrero de 1983 llegó el Viernes Negro. El bolívar, que durante décadas había sido símbolo de estabilidad, comenzó un proceso de deterioro que continuaría durante años. Después vinieron devaluaciones, controles, dificultades económicas, deterioro social y, ya en los años noventa, una gravísima crisis bancaria. La población veía deteriorarse progresivamente su nivel de vida mientras aumentaba su desconfianza hacia los partidos y las instituciones que habían gobernado el país durante décadas.

En 1992 hubo dos intentos de golpe de Estado contra un gobierno que podía ser criticado por muchísimas razones, pero que seguía siendo constitucional y democrático. El primero, el 4 de febrero, puso a Hugo Chávez en la escena nacional. El segundo se produjo el 27 de noviembre. Lo verdaderamente preocupante no fue solamente que un grupo de militares intentara tomar el poder por las armas. Venezuela ya había conocido demasiados golpes de Estado a lo largo de su historia. Lo realmente significativo fue que una parte de la sociedad comenzó a ver a aquellos golpistas con simpatía.

Algo se había roto. Una sociedad que había vivido durante décadas bajo gobiernos elegidos comenzó a entusiasmarse con un militar que acababa de intentar derrocar a uno de ellos. Eso debería obligarnos a hacernos preguntas bastante más profundas que limitarnos a repetir que Chávez era malo.

¿Por qué ocurrió? Porque mucha gente había dejado de creer que la democracia que conocía pudiera resolver sus problemas. Chávez supo explotar magistralmente ese desencanto. Su discurso hablaba de pobres y ricos, exclusión, injusticia social, redistribución, corrupción, privilegios y una clase política que supuestamente había abandonado al pueblo. Era un discurso extraordinariamente atractivo para una sociedad frustrada porque identificaba culpables sencillos para problemas complejos y prometía corregir injusticias sin explicar con demasiada precisión cómo se produciría la riqueza necesaria para hacerlo.

Mucho más difícil era encontrar en aquel discurso un verdadero proyecto para aumentar la productividad, estimular la inversión, multiplicar empresas, garantizar la propiedad y generar riqueza. Chávez comprendió algo que los populistas comprenden extraordinariamente bien: prometer repartir resulta políticamente mucho más sencillo que explicar cómo producir.

Y durante un tiempo funciona, especialmente cuando todavía existe mucho que repartir. El problema comienza cuando se termina aquello que otros produjeron.

El Plan Bolívar 2000 constituye un buen ejemplo de algo que posteriormente se repetiría muchas veces. Militares comenzaron a realizar tareas sociales, reparaciones, vacunaciones, distribución de alimentos y pequeñas obras que eran inmediatamente visibles para la población. Dejando incluso de lado las denuncias de corrupción que posteriormente rodearon el programa, había una idea políticamente muy poderosa: alguien llegaba hasta donde estaba la gente, veía una necesidad y aparentemente la resolvía.

El problema no estaba necesariamente en identificar esa necesidad. De hecho, una de las fallas de la vieja República había sido precisamente que demasiados ciudadanos sentían que las instituciones estaban muy lejos de sus problemas cotidianos. El problema consiste en confundir atender una necesidad inmediata con solucionar la causa que la produce.

Las cajas CLAP llevarían años después esa lógica hasta un extremo casi perfecto. Si una familia tiene hambre hoy, entregarle comida puede ser indispensable. Ninguna teoría económica alimentará esta noche a un niño que no tiene qué comer. Pero si mañana esa familia necesita otra caja, el mes próximo otra y cinco años después continúa esperando la siguiente entrega, su problema jamás fue solucionado. Solamente hemos construido un mecanismo permanente para administrar su necesidad.

Una política pública inteligente puede utilizar paliativos y, en determinadas circunstancias, debe utilizarlos. Lo que no puede hacer es convertirlos en soluciones permanentes. El éxito no consiste en conseguir que la caja llegue puntualmente todos los meses. Consiste en conseguir que algún día esa familia no necesite la caja.

Hay algo que cualquier gerente aprende rápidamente: el problema que alguien identifica no siempre es el problema que realmente tiene. Sin embargo, ambos importan. Un ciudadano puede decir que su problema es que necesita un subsidio y quizás lo necesite desesperadamente hoy. Pero debajo puede existir otro problema: no encuentra empleo, su salario ha perdido capacidad adquisitiva, no existe inversión en su región, una regulación impide desarrollar determinada actividad o la inseguridad expulsó a las empresas.

La nueva Venezuela deberá comprender los problemas que la población siente, porque son reales para quien los sufre, pero también tendrá que descubrir las causas que existen debajo. Hay que atender la urgencia sin confundirla con la solución.

Eso también exige acercar nuevamente las decisiones a la gente. Venezuela necesita una descentralización real, gobiernos locales responsables y recursos y competencias adecuados para solucionar problemas allí donde aparecen. Las necesidades de una enorme concentración urbana no son necesariamente las mismas que las de un municipio rural con poca población dispersa sobre un territorio gigantesco. Pretender resolverlo todo desde un despacho en Caracas es parte del problema.

Por eso terminar con el chavismo no puede significar reconstruir exactamente la Venezuela que existía antes de Chávez. La Venezuela de 1998 era infinitamente mejor que la que el chavismo terminó dejando, pero eso no significa que fuera suficientemente buena. Tenía problemas económicos, institucionales, sociales y políticos suficientemente profundos como para que una parte considerable de la población terminara depositando sus esperanzas en el mismo hombre que pocos años antes había intentado derrocar por las armas a un gobierno constitucional.

No podemos dedicar años a reconstruir Venezuela para devolverla exactamente al punto desde el cual comenzó el camino que terminó destruyéndola. Tenemos que recuperar aquello que funcionaba y cambiar aquello que no.

Ese es, en mi opinión, uno de los grandes desafíos de la próxima Venezuela. La nostalgia puede hacernos recordar la Cuarta República comparándola con el desastre que vino después. Naturalmente saldrá favorecida. Pero la comparación correcta no debería ser únicamente entre aquella Venezuela y la actual. También debemos comparar aquella Venezuela con la que podríamos construir.

La próxima República venezolana debería partir de una concepción muy diferente del Estado. Personalmente creo en principios liberales y libertarios: derechos individuales, propiedad privada, libertad económica, responsabilidad personal y un Estado limitado. Eso no significa ausencia de Estado, sino comprender cuáles son aquellas funciones en las que resulta indispensable y dejar de utilizarlo para hacer aquello que los ciudadanos pueden hacer mejor por sí mismos.

El Estado no tiene por qué producir zapatos, administrar hoteles, decidir precios, mantener indefinidamente empresas deficitarias, determinar qué debe venderse o convertirse en el gran empleador al que todos intentan acercarse para recibir una parte de la renta petrolera. Tiene funciones mucho más importantes: seguridad, Justicia, defensa, relaciones internacionales, protección de derechos, cumplimiento de contratos y aquellas prestaciones esenciales cuyo acceso la sociedad decida garantizar.

Incluso algunas actividades tradicionalmente monopolizadas por el Estado pueden abrirse ampliamente a la participación privada. La mediación y el arbitraje pueden resolver una enorme cantidad de conflictos sin saturar los tribunales. Un sistema sanitario puede combinar centros privados con mecanismos públicos capaces de garantizar atención a quien verdaderamente no pueda acceder a ella. Lo importante no debería ser quién presta el servicio, sino que funcione y que quien realmente lo necesite pueda recibirlo.

La Sexta República no necesita un Estado que pretenda hacerlo todo. Necesita un Estado capaz de hacer extraordinariamente bien aquellas cosas que solamente él puede garantizar.

Esta diferencia resulta especialmente importante para Venezuela. Podemos necesitar mucho menos Estado interviniendo en la economía y simultáneamente muchísimo más Estado garantizando seguridad y Justicia. No existe libertad económica real cuando un comerciante debe pagar una vacuna para mantener abierto su negocio. No existe propiedad privada cuando una banda puede apropiarse de aquello que alguien construyó. No existe inversión cuando un empresario tiene que preguntarse primero quién controla realmente el territorio donde pretende instalarse.

Tampoco existe seguridad jurídica cuando una sentencia depende de una llamada telefónica, una presión política o un soborno. La Justicia venezolana ya tenía problemas importantes antes del chavismo: retardo procesal, enormes acumulaciones de expedientes, corrupción y presiones. Sin embargo, cuando esas presiones no existían todavía había una posibilidad razonable de obtener una decisión conforme a Derecho y podían encontrarse sentencias de jueces venezolanos dignas de ser utilizadas para enseñar Derecho.

El deterioro posterior ha sido muchísimo más profundo. Cuando el ciudadano teme encontrarse con un policía porque no sabe si va a protegerlo, extorsionarlo o cobrarle una matraca, el problema supera ampliamente la simple ineficiencia institucional. Y cuando en determinados lugares alguien considera más eficaz recurrir al pran para resolver un conflicto que acudir a la policía, la Fiscalía o los tribunales, una organización criminal ha comenzado a competir con el Estado en una de sus funciones esenciales.

La nueva República tendrá que recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y después conseguir algo todavía más difícil: que el ciudadano confíe en quien la ejerce. Sin seguridad no habrá inversión sostenida; sin Justicia no habrá seguridad jurídica; sin ambas será extraordinariamente difícil construir prosperidad.

Las sociedades más libres tienden también a encontrarse entre las más prósperas. No debería sorprendernos. Allí donde existen seguridad jurídica, derechos de propiedad, libertad para invertir, comerciar, crear empresas y conservar legítimamente el fruto del propio trabajo existen mayores incentivos para producir riqueza que allí donde cada decisión depende del permiso del Estado o puede ser alterada arbitrariamente por quien gobierna.

Eso no significa que la libertad garantice que todos obtendrán los mismos resultados. Precisamente porque somos libres tomamos decisiones diferentes, tenemos capacidades diferentes, asumimos riesgos distintos y obtenemos resultados distintos. La libertad garantiza el derecho a intentarlo; no garantiza que todos lo logremos.

Por eso la desigualdad económica no puede convertirse automáticamente en la medida del éxito o del fracaso de una sociedad. Imaginemos un país donde existen algunas personas extraordinariamente ricas, una enorme clase media y muy pocos pobres, y otro donde nadie posee una gran fortuna pero millones viven en la pobreza. Si utilizamos solamente la desigualdad como indicador, podríamos terminar prefiriendo la segunda sociedad simplemente porque sus habitantes son más iguales. Serían más iguales, sí. Pero serían iguales en la pobreza.

El problema no consiste en que alguien tenga muchísimo. El problema consiste en que alguien no tenga nada y carezca de posibilidades para cambiar su situación. Naturalmente, una fortuna obtenida mediante corrupción, crimen, privilegios políticos o captura del Estado plantea otro problema completamente distinto. Pero si alguien se hace inmensamente rico creando una empresa, inventando algo, invirtiendo correctamente o produciendo bienes y servicios que millones de personas voluntariamente desean comprar, su riqueza no constituye por sí misma un fracaso de la sociedad.

El objetivo no debería ser impedir que alguien tenga demasiado. Debería ser conseguir que cada vez menos personas tengan demasiado poco.

Una sociedad libre debe proporcionar oportunidades, no resultados garantizados. Eso no impide que ayude a quien parte desde una situación desesperada. Puede proporcionar educación, seguridad, infraestructura, herramientas, financiación o asistencia temporal. Puede ayudar a alguien a ponerse de pie y ofrecerle condiciones para intentarlo.

Lo que no puede garantizar es que todos lleguen al mismo sitio. La igualdad de oportunidades significa precisamente eso: tener la posibilidad de intentarlo, no poseer un derecho sobre el resultado del esfuerzo propio o ajeno.

Incluso las sociedades más prósperas tienen pobres. La diferencia es que la pobreza de una sociedad rica puede representar condiciones materiales muy superiores a las que soporta una persona pobre en una sociedad empobrecida. A veces, quien estadísticamente pertenece a los sectores de menores ingresos de un país desarrollado dispone de bienes y servicios que serían propios de una clase media en otro país.

Por eso nuestro objetivo no debería ser igualarnos hacia abajo.

Debería ser elevar el piso.

Crear riqueza antes de repartirla

Venezuela pasó demasiado tiempo discutiendo cómo distribuir una riqueza que parecía infinita. La próxima República tendrá que obsesionarse mucho más con producirla. Una sociedad no sale de la pobreza repartiendo indefinidamente aquello que todavía conserva. Sale de ella cuando cada vez más personas pueden producir, trabajar, invertir, emprender y comerciar en condiciones razonablemente libres y seguras.

El Estado puede crear las condiciones para que eso ocurra, pero no puede sustituir a millones de personas tomando decisiones económicas todos los días. Puede garantizar seguridad, hacer cumplir contratos, mantener reglas estables, impedir monopolios creados mediante privilegios políticos y proporcionar determinadas infraestructuras. Después tiene que permitir que la sociedad haga aquello que ninguna planificación central puede hacer por ella: crear.

La riqueza no aparece por decreto. Tampoco aparece porque un político decida redistribuirla. Antes de poder distribuir algo, alguien tiene que haberlo producido.

No restaurar. Construir.

Cuando termine definitivamente este período, Venezuela tendrá una tentación perfectamente comprensible: mirar hacia atrás. Recordaremos un país donde las elecciones servían para cambiar presidentes, donde existían instituciones, donde las empresas funcionaban, donde millones de inmigrantes llegaron buscando oportunidades y donde un venezolano podía razonablemente imaginar que sus hijos vivirían mejor que él.

Tenemos que recuperar todo eso. Pero no podemos recuperar también el clientelismo, la burocracia inútil, el Estado hipertrofiado, el populismo, la irresponsabilidad fiscal, la corrupción tolerada y aquella convicción de que la renta petrolera podía pagar eternamente nuestras equivocaciones.

Aquellas lluvias trajeron estos lodos. Eso no convierte a quienes gobernaron antes de Chávez en responsables de todo aquello que Chávez hizo después. La responsabilidad de cada uno es suya. Pero sería una estupidez reconstruir el mismo techo con las mismas goteras.

La próxima Venezuela no debería proponerse volver a 1998. Debería proponerse superar 1998: recuperar la República, la libertad, la seguridad y la Justicia, pero construir sobre ellas un modelo diferente, donde el ciudadano pueda desarrollarse sin depender permanentemente del poder político y pueda confiar en el Estado precisamente cuando necesite aquello que solamente un Estado puede garantizar.

Salir del chavismo será apenas el comienzo. La verdadera reconstrucción no consistirá en recuperar la Venezuela que perdimos, sino en construir la Venezuela que todavía nos debemos.

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