Venezuela, la guerra entre el Estado y la República
La primera consecuencia práctica de esta realidad es que Venezuela no puede comenzar la reconstrucción por unas elecciones. Antes debe reconstruir las instituciones que harán posible que esas elecciones sean creíbles. Y aquí aparece el primer gran problema: prácticamente todas las instituciones encargadas de organizar un proceso electoral fueron destruidas o perdieron la confianza de la población durante los años del chavismo.
Comencemos por el Registro Electoral. Durante mucho tiempo se denunció que existían personas inscritas varias veces con diferentes números de cédula de identidad, lo que permitiría que un mismo individuo pudiera votar más de una vez. También se denunció la existencia de procesos de naturalización extraordinariamente poco transparentes, mediante los cuales miles de personas obtenían la nacionalidad venezolana en condiciones que nunca fueron suficientemente aclaradas. Algunas denuncias incluso sostenían que muchos de esos nuevos ciudadanos ni siquiera residían permanentemente en Venezuela y podían ser movilizados para participar en procesos electorales desde la oficinas consulares en el exterior.
A ello se suma un hecho que nunca recibió una explicación suficientemente convincente. Venezuela, históricamente, fue un país joven y receptor de inmigración. En consecuencia, era lógico esperar una proporción importante de menores de edad y de extranjeros sin derecho al sufragio. Sin embargo, el Registro Electoral terminó alcanzando una magnitud que situaba como electores a aproximadamente dos tercios de la población total. Desde un punto de vista estrictamente demográfico, esa cifra resulta, como mínimo, extraordinariamente difícil de explicar. Esa sola circunstancia justificaría una auditoría completa e independiente del padrón electoral antes de pensar siquiera en convocar nuevas elecciones.
Pero el problema no termina allí. Incluso suponiendo que el Registro Electoral fuese completamente depurado, seguiría existiendo una pregunta fundamental: ¿quién organizaría esas elecciones? En los últimos meses se ha hablado de designar un nuevo Consejo Nacional Electoral mediante acuerdos entre factores políticos que, para una parte muy importante de la población, también se encuentran profundamente desprestigiados. Cambiar algunos nombres sin modificar el mecanismo mediante el cual se construyó la desconfianza no resolverá absolutamente nada. Un árbitro no inspira credibilidad porque se cambien sus integrantes; la inspira cuando el procedimiento para designarlo garantiza su independencia y cuando toda su actuación puede ser sometida a un control efectivo.
Por esa razón considero un error creer que basta con sustituir un Consejo Nacional Electoral por otro. Lo que Venezuela necesita no es un nuevo CNE, sino un sistema completamente nuevo de garantías electorales. Auditorías independientes, depuración integral del Registro Electoral, revisión tecnológica de todo el sistema de votación, observación internacional real y un organismo electoral cuya independencia no dependa de la buena voluntad de los partidos políticos, sino de mecanismos institucionales que impidan su captura por cualquier sector del poder.
Algo semejante ocurre con la propuesta de crear una junta de transición. La idea puede resultar políticamente atractiva y, probablemente, muchas de las personas que la defienden lo hacen con la mejor intención. Sin embargo, una propuesta de esa magnitud no puede sostenerse únicamente sobre el deseo de que exista. Debe responder una pregunta elemental que hasta ahora nadie ha contestado de manera satisfactoria: ¿cuál es su fundamento jurídico?
Aquí aparece una contradicción que considero imposible de ignorar. Quienes pretenden justificar una junta de transición suelen apoyarse en la Constitución de 1999 para afirmar que la situación actual exige una salida extraordinaria. Sin embargo, esa misma Constitución establece mecanismos específicos para cubrir la falta absoluta del Presidente de la República y fija plazos muy concretos para convocar nuevas elecciones. Si esa Constitución continúa siendo el fundamento jurídico del Estado venezolano, entonces también deben respetarse las consecuencias que ella misma establece. No es posible invocarla cuando resulta conveniente e ignorarla cuando conduce a una solución distinta de la que se desea alcanzar.
La contradicción es todavía mayor si recordamos que muchos de quienes hoy invocan esa Constitución han sostenido que la Presidencia ejercida por Nicolás Maduro carecía de legitimidad por haber surgido de un proceso electoral fraudulento. Si ese planteamiento era correcto, entonces la discusión ya no consiste únicamente en aplicar una norma constitucional, sino en determinar cuál es el verdadero orden jurídico sobre el cual debe construirse la transición. Ese debate todavía está pendiente y constituye uno de los principales vacíos de todas las propuestas que actualmente circulan en el país.
Por esa razón sostengo que Venezuela necesita mucho más que una solución política. Necesita una reconstrucción institucional completa. Mientras ese proceso no comience, cualquier elección, cualquier nuevo Consejo Nacional Electoral o cualquier fórmula improvisada de transición correrán el riesgo de convertirse en un simple cambio de nombres sobre una estructura que seguirá padeciendo exactamente los mismos problemas que la condujeron al colapso.
Si aceptamos que las elecciones no pueden ser el punto de partida, entonces debemos responder una pregunta mucho más difícil: ¿qué necesita realmente Venezuela para comenzar a reconstruirse? Mi respuesta probablemente no sea popular, pero creo que es la única compatible con la magnitud del desastre que vivimos. Venezuela necesita una reconstrucción nacional, no simplemente una transición política. Son conceptos completamente distintos. Una transición política consiste en sustituir un gobierno por otro. Una reconstrucción nacional implica reconstruir las instituciones, la economía, la administración pública, la seguridad, la justicia e incluso la confianza de la sociedad en sí misma.
Muchos rechazarán esta idea porque les resulta incómodo admitirla, pero la realidad es que Venezuela se parece mucho más a un país derrotado después de una guerra que a una democracia que simplemente necesita cambiar de presidente. La diferencia es que nuestra guerra no fue convencional. No hubo divisiones blindadas atravesando nuestras ciudades ni bombardeos destruyendo nuestras fábricas. La guerra fue librada desde el propio Estado contra las instituciones de la República, contra la economía, contra la educación, contra la justicia y, en muchos casos, contra los propios venezolanos. El resultado, sin embargo, es extraordinariamente parecido: un país cuya estructura institucional dejó de funcionar y cuya reconstrucción exige mucho más que un cambio de autoridades.
Por esa razón considero que la comunidad internacional, y particularmente los Estados Unidos, tendrán necesariamente un papel determinante durante ese proceso. Algunos rechazan esa posibilidad apelando al orgullo nacional. Yo respondería que el verdadero patriotismo consiste en reconstruir la República, no en mantener la ficción de una soberanía que hace muchos años dejó de ejercerse plenamente. Si especialistas norteamericanos ya se encuentran evaluando la recuperación del sistema eléctrico del Guri, es porque existen áreas estratégicas cuya rehabilitación exige capacidades técnicas y recursos que Venezuela hoy no posee. Lo mismo ocurrirá con muchas otras instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado.
También he escuchado el argumento de que ningún país reconocerá acuerdos firmados por un gobierno provisional mientras no exista un presidente electo democráticamente. No comparto esa preocupación. Si la reconstrucción se desarrolla bajo un proceso supervisado y respaldado por los Estados Unidos y por otros actores internacionales relevantes, los compromisos asumidos durante ese período tendrán una legitimidad mucho mayor que la que podría ofrecer un gobierno surgido apresuradamente de unas elecciones celebradas sobre instituciones desacreditadas. La confianza internacional no dependerá únicamente del nombre de quien firme los documentos, sino de la credibilidad del proceso de reconstrucción que los respalde.
Todo ello deberá ir acompañado de medidas concretas e inmediatas. La liberación de todos los presos políticos constituye un requisito indispensable para comenzar cualquier etapa de reconciliación nacional. La reforma profunda del sistema judicial será igualmente imprescindible para devolver a los ciudadanos la confianza en que la ley volverá a aplicarse con imparcialidad. La profesionalización de la administración pública, la recuperación del sistema eléctrico, la reconstrucción de los servicios esenciales y la reorganización de los organismos de seguridad deberán avanzar simultáneamente. Ninguna de esas tareas puede esperar hasta después de unas elecciones, porque precisamente son ellas las que harán posible que esas elecciones tengan algún sentido.
Al mismo tiempo, será indispensable permitir el surgimiento de nuevos liderazgos. Una gran parte de la dirigencia política venezolana, por no decir toda, ha perdido la confianza de la población después de tantos años de promesas incumplidas y errores estratégicos que cuesta visitarlos como errores. Un país que pretende reconstruirse necesita abrir espacio a nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevas corrientes de pensamiento. En lo personal, considero que Venezuela debería avanzar hacia una visión liberal libertaria que coloque la libertad de la sociedad como el valor político fundamental y limite estrictamente el poder del Estado. Pero, incluso quienes discrepen de esa posición, difícilmente podrán negar que el país necesita renovar profundamente su liderazgo político.
Quiero terminar volviendo a la idea con la que comenzó este ensayo. Venezuela no necesita votar cuanto antes. Venezuela necesita volver a tener un país donde el voto signifique algo. Esa diferencia, que puede parecer simplemente semántica, es en realidad la diferencia entre repetir los errores del pasado o comenzar a construir un futuro distinto.
Las elecciones llegarán. Deben llegar. Pero cuando lleguen tendrán que ser la consecuencia de una reconstrucción exitosa, no un intento desesperado por sustituirla. Porque las elecciones son el certificado de que un Estado funciona. Nunca son el instrumento para hacerlo funcionar. Si comprendemos esa lección, quizás por primera vez en muchos años estaremos comenzando la reconstrucción de Venezuela por el lugar correcto.
