Supéralo, perdónanos y vente

Que muera un recluso es algo que sucede en todos los países del mundo. No está bien, por supuesto, pero ocurre. Habitualmente esas muertes se producen en riñas, motines o conflictos entre internos. Eso no exime al Estado de responsabilidad, porque este tiene el deber de garantizar la seguridad de quienes están bajo su custodia. Yo mismo me ocupé de ello cuando fui director de cárcel. Sin embargo, todos sabemos que impedir completamente ese tipo de situaciones es extremadamente difícil.

Otra cosa muy distinta es que un preso muera directamente a manos de los órganos de seguridad del Estado.

Eso ya no es una falla del sistema ni una incapacidad para controlar una situación. Eso implica acción directa de quienes tenían precisamente el deber de proteger al detenido y eso debería llevar sanciones severas para los responsables, como sucede en cualquier Estado de derecho, excepto en Venezuela, donde no existe el Estado de derecho.

En Venezuela los presos políticos mueren a manos de los esbirros del régimen y no ocurre absolutamente nada, porque toda la estructura estatal está diseñada para garantizar impunidad.

Durante años se intentó presentar muchas de esas muertes como accidentes o suicidios. Resulta imposible no recordar el caso del concejal Fernando Albán, cuya muerte fue presentada oficialmente como un suicidio tras caer desde un edificio del Sebin. Sin embargo, personas familiarizadas con el lugar señalaron desde el principio que no era sencillo que alguien pudiera arrojarse de esa manera tan rápidamente sin intervención de terceros.

Pero el caso reciente es todavía más perturbador.

El régimen reconoció finalmente la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, detenido el 1 de enero de 2025 y fallecido bajo custodia del Estado el 24 de julio de ese mismo año.

Lo verdaderamente monstruoso no es solamente la muerte.

Es lo que hicieron después.

Mientras Carmen Teresa Navas, su madre, recorría cárceles, comandos policiales y oficinas públicas exigiendo una simple fe de vida de su hijo, el Estado ya sabía perfectamente que estaba muerto. Aun así, la dejaron continuar durante meses esa búsqueda desesperada.

Además, existen inconsistencias entre la fecha oficial de muerte informada por el régimen y la que aparecía en la tumba donde fue enterrado clandestinamente.

Eso ya no es solamente represión.

Eso es crueldad deliberada.

Eso es sadismo institucional.

Resulta imposible no recordar también el caso de Hugo Marino, desaparecido desde hace años. Oficialmente sigue desaparecido, pero todos sabemos lo que eso significa realmente. Después de tanto tiempo, la posibilidad de que siga vivo es mínima. Simplemente desaparecieron a una persona y ocultaron el cadáver.

Lo más grave es que frente a todo esto aparecen sectores políticos hablando constantemente de "pasar la página", "perdón", "olvido" y "reconciliación", muchas veces con más insistencia que la propia exigencia de justicia.

Aquí aparece un problema histórico que otras sociedades ya enfrentaron.

Tras la Segunda Guerra Mundial, numerosos criminales nazis escaparon o jamás fueron castigados. El Estado de Israel decidió perseguirlos con el Mossad y unidades especiales como el Kidon.

Como abogado, tengo que decir que ejecutar personas sin juicio contradice principios fundamentales del derecho.

Como ser humano, también tengo que decir que resulta completamente comprensible que quienes sufrieron atrocidades insoportables terminaran concluyendo que el mundo había fracasado en castigarlas.

Ahí está la verdadera lección.

Cuando la justicia no actúa, aparece la venganza.

Si se quiere evitar que las víctimas o sus familias terminen buscando justicia por sus propias manos, entonces el Estado tiene la obligación moral de castigar a los responsables.

Porque la impunidad no trae reconciliación.

La impunidad solamente acumula odio.

Y lo ocurrido con Víctor Hugo Quero Navas —sumado al sufrimiento deliberadamente infligido a su madre— no puede quedar reducido a un simple "supéralo, perdónanos y vente".

Hay hechos que una sociedad moralmente sana está obligada a castigar.

Porque la justicia no es venganza, pero la ausencia absoluta de justicia termina inevitablemente alimentando la venganza.