Saber derecho no es saber juzgar

20.11.2026
Se ha abierto en Venezuela el proceso de postulaciones para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entre los requisitos establecidos por el artículo 263 de la Constitución se contempla que los aspirantes hayan ejercido la abogacía durante al menos quince años, con la formación de posgrado correspondiente; hayan sido profesores universitarios de ciencias jurídicas durante un período equivalente, con la categoría exigida; o sean o hayan sido jueces superiores de la especialidad correspondiente, con al menos quince años de carrera judicial.

Es decir, una persona puede llegar al máximo tribunal del país sin haber ejercido jamás como juez. Considero que esto es un error garrafal.

No cuestiono que un abogado con una larga trayectoria profesional pueda tener conocimientos extraordinarios del derecho. Tampoco pongo en duda la preparación de los profesores universitarios. Durante mis años de formación tuve profesores verdaderamente brillantes, juristas de una profundidad intelectual admirable, y más de una vez pensé que me habría gustado ver a aquellos hombres integrando la Corte Suprema de Justicia, como se denominaba entonces al máximo tribunal venezolano.

Pero con el paso de los años comprendí algo que considero fundamental: conocer profundamente el derecho no significa necesariamente saber juzgar. Y para integrar el Tribunal Supremo de Justicia no basta con ser un jurista brillante. Es indispensable ser un juez experimentado. Más aún, considero que debería ser obligatorio haber ejercido como juez de segunda instancia.

Conocer el derecho no es saber juzgar


El ejercicio de la abogacía, la enseñanza universitaria y la administración de justicia son actividades relacionadas, pero profundamente diferentes.

El abogado estudia las normas, interpreta su contenido y utiliza sus conocimientos para defender los intereses de sus clientes. El profesor universitario investiga, analiza, explica y transmite el conocimiento jurídico. Ambos pueden alcanzar niveles extraordinarios de especialización y dominio de su disciplina.

El juez, en cambio, tiene una responsabilidad distinta. Debe escuchar posiciones enfrentadas, examinar pruebas, determinar los hechos relevantes, interpretar las normas aplicables y adoptar una decisión que afectará directamente los derechos, el patrimonio, la libertad y, en ocasiones, el destino de otras personas.

No se trata simplemente de conocer las leyes. Se trata de saber utilizarlas para resolver conflictos concretos, respetando las reglas procesales, valorando adecuadamente los argumentos y fundamentando decisiones que deben ser jurídicamente correctas.

Y eso requiere una técnica que no se adquiere automáticamente leyendo libros, dictando clases o ejerciendo la abogacía. Juzgar es un oficio. Y, como cualquier oficio, se aprende y se perfecciona ejerciéndolo.

Podemos encontrar excelentes juristas que serían jueces mediocres, del mismo modo que podemos encontrar profesores extraordinarios que no necesariamente serían buenos abogados litigantes. Las capacidades que exige cada actividad no son idénticas.

El problema es que, cuando hablamos de la administración de justicia, las consecuencias de esa diferencia pueden ser devastadoras.

Por qué debe exigirse experiencia en segunda instancia


Mi propuesta va más allá de exigir que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hayan sido jueces. Considero que debe ser obligatorio haber ejercido como juez de segunda instancia.

No hablo de otorgar preferencia a quienes tengan esa experiencia. Hablo de establecerla como un requisito indispensable, sin excepciones.

Un juez de primera instancia debe conocer los hechos, valorar las pruebas y aplicar el derecho para resolver el conflicto sometido a su conocimiento. Su responsabilidad es enorme y su trabajo constituye la base de la administración de justicia.

El juez de segunda instancia, por su parte, tiene entre sus funciones fundamentales revisar las decisiones de otros jueces. Debe examinar los argumentos de quienes recurren, identificar posibles errores y determinar si la sentencia impugnada se ajusta al ordenamiento jurídico. Según la naturaleza del proceso y del recurso, también puede revisar cuestiones de hecho y de valoración probatoria, pero una parte especialmente importante de su labor consiste en controlar la correcta interpretación y aplicación del derecho. Y precisamente esa experiencia resulta esencial para desempeñar buena parte de las funciones del Tribunal Supremo de Justicia.

Naturalmente, el máximo tribunal tiene competencias diversas. No todas sus salas realizan las mismas funciones y existen asuntos en los que debe conocer directamente determinadas controversias. Pero una parte sustancial de su trabajo, particularmente en materia de casación, exige examinar cómo otros tribunales han interpretado y aplicado las normas jurídicas.

Esa labor no consiste simplemente en leer una sentencia y decidir si uno está de acuerdo con ella. Exige conocer la técnica de revisión judicial, comprender los límites de cada recurso, distinguir los errores relevantes de aquellos que no justifican modificar una decisión y fundamentar jurídicamente las conclusiones.

Es una experiencia que no puede sustituirse con quince o veinte años de ejercicio profesional en un bufete ni con una brillante carrera académica.

Y tampoco considero suficiente haber sido únicamente juez de primera instancia. La experiencia en segunda instancia aporta una práctica específica en la revisión de decisiones judiciales que debe formar parte de la preparación de quien aspira a integrar el máximo tribunal del país.

Por supuesto, haber ejercido como juez superior no garantiza que una persona sea un buen magistrado. También existen jueces incompetentes, mediocres y corruptos. La experiencia es una condición necesaria, no una garantía de idoneidad. Pero precisamente por eso debe constituir el punto de partida de una evaluación que también examine los conocimientos, la trayectoria, la independencia y la integridad del aspirante.

Cuando el error ya no tiene una instancia superior que lo corrija


Existe una razón adicional por la que considero especialmente grave permitir que lleguen al Tribunal Supremo de Justicia personas que nunca han ejercido como jueces: las consecuencias de sus errores.

En los tribunales de primera instancia, el ordenamiento jurídico establece mecanismos para impugnar las decisiones judiciales. Una parte que considere que el juez ha cometido un error puede, cuando la ley lo permite, acudir ante un tribunal superior para solicitar que revise lo decidido. En ocasiones se trata de verdaderos errores de interpretación o aplicación del derecho; en otras, simplemente de diferencias de criterio jurídico. Precisamente para examinar esas situaciones existen los recursos y las instancias superiores.

Pero cuando llegamos al Tribunal Supremo de Justicia, la situación cambia radicalmente. Estamos ante el órgano que ocupa la cúspide del Poder Judicial. Sus decisiones no pueden apelarse ante un tribunal de mayor jerarquía, sencillamente porque ese tribunal no existe.

Aunque el ordenamiento contempla mecanismos extraordinarios de revisión en determinados supuestos, estos no equivalen a una nueva instancia ni permiten corregir cualquier error judicial.

Esto significa que una decisión jurídicamente equivocada del Tribunal Supremo puede adquirir carácter definitivo sin que exista la posibilidad de someterla a una revisión ordinaria por un órgano superior. Y sus consecuencias pueden ser irreparables.

Por eso resulta particularmente preocupante que una persona pueda llegar a ejercer semejante responsabilidad sin haber dictado previamente una sentencia, sin haber tenido que valorar pruebas, resolver controversias o fundamentar decisiones judiciales, y mucho menos sin haber adquirido experiencia revisando cómo otros jueces han aplicado el derecho.

Cuanto menores son las posibilidades de corregir una decisión judicial, mayores deben ser las exigencias profesionales para quien la adopta. El Tribunal Supremo de Justicia no puede convertirse en el lugar donde una persona aprenda a juzgar, precisamente porque sus errores pueden ser los más difíciles de corregir.

Los requisitos amplios facilitan las componendas políticas


Pero existe otra razón, tan importante como la preparación profesional, para exigir que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hayan ejercido obligatoriamente como jueces de segunda instancia: la necesidad de reducir las posibilidades de manipulación política en su designación.

Cuando se permite acceder a la máxima magistratura por distintas vías, algunas de ellas difíciles de evaluar objetivamente, se amplía considerablemente el margen para seleccionar personas por razones ajenas a su verdadera capacidad para administrar justicia.

Pensemos en el requisito de haber ejercido la abogacía durante quince años. ¿Cómo se determina que una persona ha ejercido efectivamente durante todo ese período? ¿Basta con que hayan transcurrido quince años desde su graduación? Evidentemente, no debería bastar. Pero demostrar la continuidad, intensidad y calidad del ejercicio profesional durante tantos años puede resultar extraordinariamente complicado.

La actividad docente puede acreditarse con mayor facilidad mediante registros universitarios. Sin embargo, aun cuando esa experiencia esté perfectamente demostrada, seguimos enfrentándonos al mismo problema: haber enseñado derecho durante quince o veinte años no significa haber adquirido la capacidad necesaria para juzgar.

Estas vías alternativas permiten que las organizaciones políticas promuevan candidatos de su interés que, aun cumpliendo formalmente los requisitos, nunca hayan ejercido la función jurisdiccional.

En cambio, exigir experiencia efectiva como juez de segunda instancia establece una condición profesional concreta, directamente relacionada con las responsabilidades del cargo y respaldada por una trayectoria institucional susceptible de comprobación.

Por supuesto, esto no elimina las componendas políticas. También puede haber jueces de carrera favorecidos por intereses partidistas. Pero una cosa es que exista la posibilidad de manipular un proceso de selección y otra muy distinta es facilitar esa manipulación mediante requisitos excesivamente amplios.

Los requisitos para acceder a la máxima magistratura deben ser restrictivos, no amplios. No para convertir la carrera judicial en un privilegio corporativo, sino para asegurar que quienes aspiren a integrar el Tribunal Supremo hayan demostrado previamente su capacidad en el ejercicio de la jurisdicción.

Cuanto más exigentes, objetivos y verificables sean los requisitos, más difícil resultará utilizarlos como simples formalidades para justificar nombramientos decididos de antemano.

Una responsabilidad que comienza antes del nombramiento


Recuerdo una experiencia personal de hace muchos años, cuando se abrió un proceso de postulaciones para jueces de primera instancia en materia civil. Alguien me sugirió que presentara mi candidatura. Mi respuesta fue negativa.

Le expliqué que yo era penalista, que mi formación y mi experiencia profesional se habían desarrollado fundamentalmente en el derecho penal y que no consideraba tener la preparación necesaria para desempeñarme adecuadamente como juez civil.

La respuesta que recibí fue tan sencilla como inquietante:

—No importa. Te pones a estudiar y ya. El examen se pasa fácilmente.

Aquella persona no comprendía el problema.

No se trataba de aprobar un examen. Con suficiente dedicación, probablemente habría podido estudiar los contenidos necesarios para superar una prueba de conocimientos. Pero aprobar un examen no significa estar preparado para asumir la responsabilidad de administrar justicia.

Yo podía conocer las normas generales del derecho civil y estudiar las materias exigidas en la convocatoria. Lo que no tenía era la preparación especializada ni la experiencia que consideraba indispensables para juzgar correctamente asuntos civiles. Y no estaba dispuesto a adquirir esa experiencia a costa de las personas cuyos conflictos terminarían sobre mi escritorio. Porque una sentencia no es un ejercicio académico.

Cuando hablamos de decisiones judiciales que pueden destruir la vida de una persona, generalmente pensamos en el derecho penal. Una condena injusta puede privar de libertad a un inocente durante años. Pero las consecuencias de una sentencia civil también pueden ser terribles.

Una decisión judicial puede arruinar económicamente a una familia, privar a alguien de su patrimonio, destruir una empresa o provocar consecuencias personales y emocionales que acompañarán a los afectados durante el resto de sus vidas.

Detrás de cada expediente hay personas. Y esas personas tienen derecho a esperar que quien decida sobre sus vidas esté debidamente preparado para hacerlo.

No basta con que el juez tenga buenas intenciones. Tampoco basta con que sea una persona honrada. La honestidad es indispensable, pero la incompetencia también puede causar daños irreparables.

La incompetencia también puede ser una forma de corrupción


Desde hace muchos años sostengo que aceptar un cargo público para el cual uno no está debidamente preparado constituye una forma de corrupción.

No necesariamente porque exista un soborno, un enriquecimiento ilícito o una intención deliberada de perjudicar a alguien. La corrupción no se agota en el robo de dinero público. También existe una dimensión ética de la función pública que obliga a reconocer los límites de la propia capacidad.

Quien acepta una responsabilidad que sabe que no está preparado para desempeñar antepone sus intereses personales, su ambición o su prestigio a las obligaciones del cargo.Y cuanto mayor sea la responsabilidad, más grave resulta esa conducta.

Si esto es importante en cualquier función pública, lo es todavía más en la administración de justicia. Un juez no administra una oficina cualquiera. Ejerce una potestad del Estado que puede alterar profundamente la vida de las personas.

Por eso considero inadmisible que alguien pretenda llegar directamente al Tribunal Supremo de Justicia sin haber adquirido previamente experiencia en el ejercicio de la jurisdicción y, específicamente, en la revisión de decisiones judiciales.

No importa cuántos libros haya escrito, cuántos años haya enseñado derecho ni cuántos casos haya defendido exitosamente como abogado. Esos méritos pueden ser extraordinariamente valiosos, pero no sustituyen la experiencia de juzgar.

El Tribunal Supremo no es una escuela de jueces


El artículo 263 de la Constitución venezolana permite acceder al Tribunal Supremo de Justicia por distintas vías profesionales. En mi opinión, ese criterio debería modificarse.

La experiencia como juez de segunda instancia tendría que ser obligatoria para todos los aspirantes, sin excepciones basadas exclusivamente en su trayectoria académica o en el ejercicio de la abogacía.

Eso no significa menospreciar a los abogados ni a los profesores universitarios. Significa reconocer que la función jurisdiccional tiene exigencias propias y que la máxima instancia judicial debe estar integrada por personas que ya hayan demostrado, en el ejercicio de esa función, su capacidad para juzgar.

Tampoco se trata únicamente de elevar las exigencias profesionales. Se trata de establecer requisitos suficientemente restrictivos y verificables para dificultar que los nombramientos respondan a componendas políticas en lugar de a la capacidad de los candidatos.

Y, sobre todo, se trata de recordar que quienes llegan al Tribunal Supremo de Justicia tendrán en sus manos decisiones que, en muchos casos, no podrán ser corregidas mediante una apelación ante un tribunal superior.

Un jurista brillante puede enriquecer enormemente la administración de justicia. Pero antes de llegar al máximo tribunal debe aprender a ejercerla, demostrar que sabe hacerlo y adquirir experiencia revisando las decisiones de otros jueces.

El Tribunal Supremo de Justicia no puede ser el lugar donde un jurista aprenda a ser juez. Debe ser el lugar al que llega después de haber demostrado que sabe juzgar.

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