¿Quién se solidariza con los niños?

Lindsay Clancy necesita ayuda. De eso no tengo ninguna duda. Una persona que mata a sus tres hijos evidentemente necesita atención psiquiátrica, independientemente de cuál termine siendo la conclusión judicial acerca de su responsabilidad penal.

Pero tengo una pregunta mucho más incómoda.

¿Quién se solidariza con Cora, Dawson y Callan?

Porque Lindsay Clancy no está siendo juzgada por haber padecido depresión, por haber sufrido una enfermedad psiquiátrica o por haber sido desatendida por el sistema sanitario. Está siendo juzgada porque el 24 de enero de 2023 mató a sus tres hijos: Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de apenas ocho meses.

La defensa no discute que los mató. Lo que discute es si, debido a su estado mental, era penalmente responsable de sus actos. Y esa es una cuestión absolutamente legítima que corresponde resolver a un tribunal.

La enfermedad mental existe. La psicosis posparto existe. Y puede ser una enfermedad gravísima. Si una persona, como consecuencia de una alteración mental suficientemente severa, carece de las capacidades que la ley exige para considerarla penalmente responsable, el Derecho debe reconocerlo. Precisamente para eso existe la institución de la inimputabilidad.

Pero una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad material por lo sucedido. Y otra, todavía diferente, es nuestra valoración moral.

En el juicio de Clancy los especialistas ni siquiera coinciden. La defensa sostiene que padecía una psicosis posparto que anuló su responsabilidad. Expertos presentados por la acusación han concluido, por el contrario, que sufría problemas psiquiátricos pero conservaba la capacidad de comprender lo que hacía y distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Al momento de escribir estas líneas, corresponde al jurado resolver esa contradicción.

Por eso no pretendo sustituir al jurado.

Lo que sí me niego a hacer es sustituir a las víctimas.

Porque mientras centenares de personas se congregan para manifestar su solidaridad con Lindsay Clancy, tres niños están muertos. Y me resulta difícil aceptar que el centro emocional de la historia termine siendo la persona que los mató.

Hay además una diferencia que me incomoda desde hace tiempo.

Cuando un hombre asesina a sus hijos, no recuerdo manifestaciones multitudinarias de hombres reclamando comprensión para el asesino por el simple hecho de ser hombre. No recuerdo asociaciones masculinas intentando convertirlo en símbolo de las dificultades que padecemos los hombres.

Pensemos en Chris Watts.

En 2018 asesinó a su esposa embarazada, Shanann, y a sus hijas Bella, de cuatro años, y Celeste, de tres. Tenía una amante y quería comenzar otra vida.

Los hombres no salimos vestidos de un mismo color a rodear el tribunal. No dijimos que había que comprender las presiones psicológicas que sufría un padre de familia. No convertimos sus frustraciones personales en una explicación moral de lo que había hecho.

Lo vimos fundamentalmente por aquello que era: un hombre que había asesinado a su esposa y a sus hijas.

Y así debía ser.

Sin embargo, cuando la victimaria es una mujer aparece con sorprendente frecuencia un discurso que busca inmediatamente detrás del crimen una estructura social, una enfermedad, una relación, una discriminación o alguna circunstancia que permita desplazar parte de la responsabilidad desde la autora hacia algo que la rodeaba.

No digo que esas circunstancias no deban investigarse. Deben investigarse todas.

Lo que digo es que ninguna causa debe hacernos desaparecer al muerto.

Y mucho menos cuando el muerto es un niño.

En Venezuela conocemos un caso espantoso que la periodista Ibéyise Pacheco convirtió en libro bajo un título extraordinariamente apropiado: El grito ignorado.

Dayan González tenía cinco años.

El niño fue sometido a un proceso brutal de maltrato y tortura que terminó con su muerte. Su madre y la pareja de esta estuvieron implicadas en aquella tragedia que estremeció al país.

Diez años después, Argentina conoció otra barbaridad extraordinariamente parecida.

Lucio Dupuy también tenía cinco años.

Su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de esta, Abigail Páez, fueron condenadas a prisión perpetua por los delitos establecidos judicialmente en relación con el asesinato del niño, después de un prolongado historial de violencia.

No hablo de estas cosas únicamente como observador. En mi libro Tiene derecho a guardar silencio relato también un caso de características semejantes en el que tuve oportunidad de intervenir personalmente. No necesito traer aquí sus detalles. Basta recordar algo que quienes hemos estado cerca de situaciones así aprendemos muy pronto: detrás de cada expediente, cada peritaje y cada discusión jurídica existe un niño real que dependía de los adultos para sobrevivir.

No pretendo equiparar jurídicamente los casos de Dayan, Lucio y los hijos de Lindsay Clancy. Sería intelectualmente deshonesto hacerlo. Las circunstancias son diferentes, las pruebas son diferentes y, especialmente en el caso Clancy, existe una controversia psiquiátrica que debe ser resuelta judicialmente.

Pero moralmente tienen algo en común que no podemos ignorar.

Todos eran niños.

Y todos dependían de los adultos que debían protegerlos.

Un niño de cinco años no puede hacer las maletas y marcharse de casa. Un bebé de ocho meses ni siquiera puede explicar lo que le sucede. No puede contratar un abogado, llamar a la policía, buscar un apartamento o comenzar una vida independiente.

Su supervivencia depende absolutamente de nosotros.

Por eso existe algo especialmente abominable en la violencia contra los niños.

Soy padre. Y probablemente eso influya enormemente en mi manera de ver este asunto. Si alguien amenaza seriamente la vida de uno de mis hijos, mi primera preocupación no será comprender las circunstancias personales del agresor. Será proteger a mi hijo.

Después podremos discutir todo lo demás.

Pero primero protegemos al niño.

Y creo que como sociedad estamos empezando peligrosamente a invertir ese orden.

El problema adquiere otra dimensión cuando observamos algunos debates contemporáneos sobre el aborto en etapas avanzadas del embarazo.

Massachusetts acaba de modificar su legislación. A partir de noviembre, para embarazos de 24 semanas o más, la ley permitirá que un aborto sea realizado por un médico basándose en su juicio profesional. Desaparecen de la disposición las causas específicas que anteriormente limitaban esos abortos a circunstancias como la protección de la vida o salud de la paciente y determinados diagnósticos fetales graves.

No voy a falsear la ley diciendo que ordena o promueve abortos el día anterior al parto. No lo hace.

Pero sí elimina un límite jurídico que considero extraordinariamente importante.

Y a las 24 semanas ya hemos entrado en un territorio completamente diferente al de las primeras semanas de gestación.

Existen niños nacidos extremadamente prematuros que sobreviven alrededor de ese período gracias a cuidados intensivos neonatales. A las 28 semanas, en centros especializados modernos, las probabilidades de supervivencia son ya extraordinariamente altas. Y conforme avanzamos hacia las treinta, treinta y dos o treinta y cuatro semanas, estamos hablando de un ser humano cuya capacidad de sobrevivir fuera del útero deja progresivamente de ser una posibilidad excepcional para convertirse en una expectativa cada vez mayor.

Yo soy contrario al aborto. No escondo mi posición.

Pero incluso alguien que defienda el derecho al aborto durante determinadas etapas del embarazo debería ser capaz de hacerse una pregunta: ¿realmente no cambia nada moralmente a medida que ese ser humano se desarrolla y adquiere capacidad de sobrevivir fuera del cuerpo de su madre?

Creo que sí cambia.

También cambia nuestra obligación respecto del sufrimiento. La ciencia discute cuándo aparece exactamente la experiencia consciente del dolor fetal y no tiene sentido presentar como certeza aquello sobre lo cual todavía existe discusión. Pero avanzada suficientemente la gestación, la cuestión del dolor ya no puede simplemente descartarse.

Y entonces debemos atrevernos a formular preguntas desagradables.

No basta con utilizar palabras asépticas para evitar mirar aquello que ocurre.

No podemos considerar una atrocidad provocar sufrimiento físico innecesario a un recién nacido y convertir automáticamente en irrelevante cualquier consideración sobre ese sufrimiento únicamente porque el mismo ser humano se encuentra todavía dentro del útero.

La localización no puede resolver por sí sola toda la cuestión moral.

Sin embargo, tampoco quiero que este artículo termine convertido en otro artículo sobre el aborto.

Porque comencé hablando de tres niños.

Cora.

Dawson.

Callan.

Y quiero terminar hablando de ellos.

Podemos —y debemos— investigar si Lindsay Clancy recibió la atención psiquiátrica adecuada. Podemos mejorar la detección de la depresión y de la psicosis posparto. Podemos exigir mejores servicios de salud mental. Podemos estudiar si los medicamentos que recibió fueron adecuados. Podemos escuchar a las mujeres que han sufrido trastornos psiquiátricos después de dar a luz.

Todo eso es necesario.

Y si el jurado concluye que Lindsay Clancy no era penalmente responsable de sus actos, habrá que respetar la decisión y aplicarle el tratamiento y las medidas de seguridad correspondientes.

Pero nada de eso devuelve la vida a sus hijos.

Y nada de eso debería convertirlos en personajes secundarios de su propia muerte.

Me preocupa una sociedad que desarrolla una capacidad infinita para encontrar explicaciones para los adultos y una capacidad cada vez menor para indignarse por los niños.

Podemos comprender sin justificar.

Podemos estudiar las causas sin olvidar las consecuencias.

Podemos sentir compasión por una persona enferma sin trasladarle nuestra solidaridad principal desde aquellos a quienes mató.

Hay enfermedades terribles. Hay historias personales terribles. Hay personas que sufren de maneras que quienes estamos fuera quizá nunca comprenderemos completamente.

Pero también existen límites.

Y para mí uno de ellos es muy sencillo.

Los niños no se matan.

No importa si quien los mata es hombre o mujer. No importa su orientación sexual, ideología, situación económica o pertenencia a cualquier colectivo. Cada circunstancia podrá importar jurídicamente para determinar la responsabilidad individual. Ninguna debería convertir la muerte de un niño en un detalle secundario de la historia de quien lo mató.

Dayan tenía cinco años.

Lucio tenía cinco años.

Cora tenía cinco años. Dawson tenía tres. Callan, ocho meses.

Tal vez hemos aprendido tanto a escuchar las explicaciones de los adultos que nuevamente estamos ignorando el grito de los niños.

Y cuando ellos ya no pueden gritar, somos nosotros quienes tenemos la obligación de hacerlo.

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