Que el chavismo no pueda volver

Todos compartimos un anhelo: la salida definitiva del detestable chavismo del poder y de la vida política venezolana. Después de más de un cuarto de siglo de destrucción económica, institucional, social y moral, resulta perfectamente comprensible desear que desaparezca de una vez y para siempre. El problema comienza cuando confundimos nuestros deseos con nuestras posibilidades.

La operación del 3 de enero, que terminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro, produjo un golpe extraordinariamente importante. Descabezó parcialmente al régimen, alteró sus equilibrios internos y lo dejó mucho más debilitado. Pero no acabó con el chavismo. El chavismo continúa existiendo y, más importante todavía, conserva algo sin lo cual resulta imposible comprender la situación venezolana: conserva una parte sustancial del poder de las armas.

Ya he escrito anteriormente sobre la experiencia de Afganistán. Derribar un gobierno puede ser relativamente sencillo cuando existe una fuerza militar incomparablemente superior. Lo verdaderamente difícil es colocar en su lugar un gobierno que pueda gobernar. Estados Unidos y sus aliados tardaron semanas en destruir el régimen talibán en 2001 y veinte años intentando construir un Estado capaz de sostenerse. Cuando se retiraron, aquel Estado se derrumbó a una velocidad sorprendente.

Ese es el problema que debemos evitar en Venezuela.

La dirigencia tradicional agrupada durante años alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática carece hoy, en mi opinión, de la popularidad, el respeto y la legitimidad necesarios para asumir semejante tarea. Algunos de sus dirigentes han sido señalados por corrupción, otros por colaboracionismo y otros simplemente han demostrado una pusilanimidad incompatible con las decisiones extraordinariamente difíciles que exigirá la reconstrucción venezolana.

El caso de María Corina Machado es distinto porque sería absurdo negar que conserva una importante popularidad. Muchos hemos cuestionado severamente su conducta política, sus contradicciones y algunas afirmaciones que consideramos falsas. Pero, independientemente de esas críticas, su problema fundamental para una transición inmediata es otro: popularidad no significa poder.

Machado afirmó que contaba con apoyo dentro de una proporción extraordinariamente alta de los cuarteles. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, ese supuesto apoyo no se materializó en una ruptura equivalente dentro de las Fuerzas Armadas. Una cosa es tener millones de votos y otra muy diferente controlar las instituciones capaces de hacer cumplir las decisiones de un gobierno.

Y las armas continúan, en buena medida, del otro lado.

El chavismo conserva estructuras militares y de seguridad, colectivos y otros grupos armados. A ello se añade la presencia histórica en territorio venezolano de organizaciones irregulares extranjeras. Quien pretenda gobernar Venezuela deberá enfrentarse a una pregunta que ninguna declaración política puede hacer desaparecer: ¿cómo ejerce efectivamente el poder un gobierno cuando quienes no lo reconocen conservan capacidad armada para desafiarlo?

La respuesta desagradable es que no puede hacerlo solamente con legitimidad electoral.

Un gobierno puede tener el respaldo de la inmensa mayoría de la población y continuar siendo extraordinariamente débil si carece de capacidad para hacer cumplir la ley. Max Weber definía al Estado precisamente por su pretensión exitosa de monopolizar el uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio. Podemos discutir muchos aspectos de su pensamiento, pero difícilmente este: un Estado que no puede ejercer autoridad sobre quienes poseen las armas tiene un problema existencial.

Podríamos imaginar la eliminación completa de la actual cúpula chavista. Podrían desaparecer del tablero Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y otros dirigentes fundamentales. Pero las armas seguirían existiendo. También permanecerían quienes las portan, las estructuras que las organizan, los intereses que las financian y los territorios en los que ejercen influencia.

Ese es precisamente el escenario sobre el cual el doctor Ángel García Banch ha advertido repetidamente. García Banch considera que una guerra civil venezolana resulta prácticamente inevitable porque las facciones chavistas que conservan poder armado intentarán utilizarlo para garantizar su supervivencia. Coincido con él en que ese riesgo debe ser tomado extraordinariamente en serio.

Y aquí aparece una realidad todavía más incómoda. Si se produjera un levantamiento armado generalizado después de instalarse un nuevo gobierno, ya no estaríamos hablando de otra operación quirúrgica como la del 3 de enero. Estaríamos hablando de una guerra. Una guerra contra fuerzas regulares e irregulares, probablemente con componentes de insurgencia y guerra de guerrillas, en un territorio enorme y con una población civil en medio.

Quienes piden simplemente que Estados Unidos resuelva militarmente ese problema deberían comprender lo que están pidiendo. No serían aviones entrando y saliendo durante unas horas. Serían soldados sobre el terreno, operaciones prolongadas, muertos y heridos. Y ninguna potencia entra alegremente en una guerra de ese tipo cuando existe una alternativa razonable.

Además existe otro problema que nosotros, los venezolanos, tenemos que admitir.

Una guerra civil no se gana únicamente con dirigentes decididos. Hace falta una población dispuesta a soportarla. Durante las guarimbas de 2014 pude observar directamente nuestra capacidad de movilización. No creo que quienes participamos activamente en aquella resistencia superáramos las 10.000 personas en todo el país; incluso considero probable que no llegáramos a 5.000.

Y no estoy contando solamente a los heroicos estudiantes que noche tras noche enfrentaban a las fuerzas represivas en las barricadas. Incluyo también a médicos y personal sanitario que atendían heridos, quienes proporcionaban alimentos, medicinas, dinero y equipos, quienes escondían perseguidos cuando aparecían los cuerpos de seguridad y abogados que, como yo, defendíamos a los detenidos ante los tribunales.

Éramos extraordinariamente pocos.

Mientras unos arriesgaban la libertad y algunas veces la vida, había venezolanos genuinamente antichavistas que protestaban porque las guarimbas les ensuciaban las calles. Querían terminar con el chavismo, pero sin alterar demasiado su vida cotidiana. Ese contraste dice mucho más sobre nuestra capacidad para afrontar una eventual guerra civil que cualquier encuesta de opinión.

Por eso una estrategia responsable no puede construirse suponiendo que millones de venezolanos se convertirán repentinamente en miembros de una resistencia dispuesta a combatir. Quizás algunos lo harían. Pero toda planificación seria debe hacerse sobre las capacidades demostradas, no sobre las que desearíamos tener.

Esto nos obliga a tragar grueso.

Nuestro objetivo inmediato no puede ser simplemente sacar del poder hasta al último chavista. El verdadero objetivo debe ser conseguir algo mucho más importante: que el chavismo no pueda regresar jamás al poder.

Nicaragua debería perseguirnos como advertencia histórica. El sandinismo perdió las elecciones de 1990 y entregó formalmente la Presidencia a Violeta Chamorro, pero conservó importantes estructuras políticas, militares, económicas y de poder. La revolución perdió el gobierno, pero no desapareció como fuerza capaz de condicionar al Estado.

El resultado lo conocemos. Daniel Ortega regresó posteriormente al poder y el régimen terminó reconstruyéndose con características cada vez más autoritarias. Sacar a un movimiento del gobierno sin desmontar las estructuras que le permiten recuperarlo puede significar simplemente concederle tiempo para reorganizarse.

Ese es el peligro venezolano.

Podemos satisfacer nuestra necesidad emocional de ver desaparecer inmediatamente a todos los dirigentes chavistas. Podemos organizar elecciones cuanto antes, colocar un nuevo presidente en Miraflores y celebrar que finalmente terminó la dictadura. Pero si ese presidente recibe un país en el que sus adversarios controlan armas, estructuras territoriales, redes económicas, sectores de la administración y organizaciones capaces de desafiar su autoridad, quizás no hayamos terminado nada.

Podríamos simplemente haber comenzado la cuenta regresiva para el regreso del chavismo.

Por eso algunas decisiones de una transición serán desagradables. Algunas serán incluso repugnantes para quienes hemos sufrido personalmente al régimen. Habrá momentos en los que será necesario negociar, esperar, desmontar estructuras gradualmente y aceptar temporalmente la presencia de personas que preferiríamos ver inmediatamente frente a un tribunal.

Eso no significa renunciar a la justicia. Significa establecer correctamente las prioridades.

Primero hay que construir un Estado capaz de ejercer la autoridad. Hay que recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, desarmar progresivamente estructuras irregulares, profesionalizar las Fuerzas Armadas y los organismos policiales, reconstruir la Justicia y garantizar que ninguna organización política conserve un ejército paralelo con el cual chantajear al próximo gobierno.

Después podrá funcionar plenamente la democracia.

Una cosa es lo que visceralmente queremos y otra lo que podemos hacer cuando utilizamos criterio y razonamiento. Yo también quisiera ver desaparecer mañana hasta el último vestigio del chavismo. Pero prefiero soportar una transición más lenta y desagradable si con ella conseguimos que dentro de cinco, diez o veinte años Venezuela no vuelva a caer en sus manos.

Porque después de veintisiete años, el objetivo no puede ser simplemente sacar al chavismo del poder.

El objetivo tiene que ser que no pueda volver nunca más.