No fueron errores judiciales
Nuevamente, los acontecimientos me obligan a cambiar el tema previsto para esta columna.
La semana pasada escribí sobre la tragedia de Víctor Hugo Quero Navas, preso político muerto bajo custodia del régimen, cuyo cadáver fue ocultado durante meses mientras su madre recorría cárceles, comandos policiales e instituciones públicas, buscando desesperadamente una fe de vida.
Esta semana tuvimos otra noticia terrible: la muerte de Carmen Teresa Navas, su madre.
No resulta difícil comprenderlo. Ella vivía para encontrar a su hijo. Tras meses de incertidumbre, de angustia y de recorrer oficinas, escuchando evasivas y mentiras, finalmente le entregaron un cadáver. Es perfectamente posible que, sencillamente, ya no tuviese razones para seguir luchando.
Pero esta misma semana también ocurrió algo que debería alegrarnos profundamente y, al mismo tiempo, multiplicar nuestra indignación.
Fueron finalmente liberados los policías metropolitanos Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar, presos desde los sucesos del 11 de abril de 2002.
Veinticuatro años.
Veinticuatro años presos por un crimen que no existió.
No estamos hablando de un error judicial. En todos los países del mundo ocurren errores judiciales. Personas inocentes han sido condenadas porque las pruebas parecían apuntar en una dirección equivocada o porque el sistema simplemente falló.
Pero esto fue algo mucho peor.
Aquí no se condenó a personas inocentes por equivocación.
Aquí se fabricó deliberadamente una narrativa política y se necesitaban culpables.
El supuesto crimen simplemente no existió.
El verdadero "delito" de aquellos policías metropolitanos fue intentar contener el caos y proteger a la multitud que marchaba hacia Miraflores aquel glorioso y trágico 11 de abril de 2002, marcha en la que participé personalmente.
La protesta terminó bajo fuego.
Los pistoleros de Puente Llaguno dispararon contra manifestantes indefensos, mientras el gobierno insistía en sostener una versión completamente distinta de los hechos. El saldo fue cercano a veinte muertos y más de cien heridos.
Aquellos acontecimientos provocaron que sectores del alto mando militar se negaran a cumplir órdenes que consideraban ilegales y condujeron a la salida momentánea del poder de Hugo Chávez.
Muchos han insistido durante años en llamar a aquello un golpe de Estado, pero negarse a cumplir una orden ilegal no constituye un golpe: constituye precisamente el cumplimiento de la ley.
Los policías metropolitanos terminaron convertidos en símbolo del escarmiento.
Pero no fueron los únicos.
Ahí están también los hermanos Otoniel Guevara Pérez, Rolando Guevara Pérez y su primo Juan Bautista Guevara, encarcelados por el caso de la muerte del fiscal Danilo Anderson. En este caso sí hubo un atentado real, pero las dudas sobre la versión oficial comenzaron muy pronto y numerosos elementos nunca parecieron encajar completamente.
También está el caso de la doctora Lourdes Afiuni, encarcelada simplemente para enviar un mensaje a todos los jueces: eso podía ocurrirles si no obedecían las instrucciones políticas del régimen.
Y podría mencionar también mi propio caso.
Fui encarcelado siendo abogado defensor de derechos humanos, no por un delito real, sino porque había que enviar un mensaje a quienes defendíamos presos políticos.
Yo mismo fui informado por compañeros del Foro Penal Venezolano que la orden era detener a un abogado para dar un escarmiento. La oportunidad la di yo.
Eso es exactamente lo que el chavismo ha hecho durante décadas: castigar inocentes para sembrar miedo.
Por eso debemos dejar algo absolutamente claro.
No fueron errores judiciales.
Los errores ocurren cuando alguien intenta impartir justicia y fracasa.
Aquí no hubo fracaso.
Hubo una maquinaria diseñada deliberadamente para fabricar culpables, sostener narrativas políticas y sembrar terror.
Y eso tiene responsables.
Por eso resulta tan obsceno escuchar llamados permanentes al olvido, al abrazo, al perdón automático o a "pasar la página".
La justicia no es odio.
La justicia es una obligación moral.
Porque una sociedad que decide olvidar deliberadamente a sus inocentes encarcelados no está construyendo reconciliación.
Está simplemente preparando el próximo abuso.