Lecciones de Milei para Venezuela
El problema económico de Venezuela es tan grave como el de la seguridad, abordado en la columna anterior. No se trata simplemente de una economía debilitada, sino de un sistema que ha dejado de funcionar.
Hoy Venezuela es uno de los países menos atractivos del mundo para invertir. No por falta de recursos —que son abundantes— sino por un entorno hostil caracterizado por regulaciones excesivas, discrecionalidad administrativa, corrupción e inseguridad jurídica.
En teoría, el país debería ser un destino natural para la inversión. En la práctica, ocurre lo contrario.
El capital, como bien se dice, se comporta como una gallina: se lo atrae con condiciones favorables, pero ante el menor movimiento brusco, se retira. Y Venezuela ha sido durante años un entorno de constantes movimientos bruscos.
Uno de los problemas centrales es el exceso de regulación. No solo por la cantidad de normas, sino por la forma en que se aplican. En muchos casos, su interpretación queda en manos del funcionario, lo que introduce un elemento de incertidumbre permanente para cualquier actividad económica.
Instituciones como el SENIAT, las direcciones de rentas municipales o el sistema de seguridad social han operado, en numerosos casos, bajo una lógica más cercana a la persecución que a la administración. Empresas que cumplen con sus obligaciones pueden ser igualmente sancionadas por criterios formales o interpretaciones discrecionales.
A esto se suma una presión fiscal elevada y fragmentada. No se trata solo de impuestos directos o del IVA, sino de múltiples cargas adicionales que terminan absorbiendo una proporción significativa de los ingresos empresariales.
Todo esto ocurre sin una contraprestación adecuada. Los servicios públicos —electricidad, agua, infraestructura— están lejos de estándares aceptables. Es decir, se paga mucho y se recibe poco.
Otro aspecto crítico es la rigidez laboral. En su intento de proteger al trabajador, el sistema ha generado efectos contrarios. Despedir a un empleado se ha vuelto complejo, costoso e incierto, incluso en casos donde existen faltas evidentes.
Esto genera una consecuencia previsible: las empresas evitan contratar. Optan por esquemas informales, tercerización o reducen su tamaño. El resultado no es mayor protección, sino menos empleo.
A ello se suma el problema fiscal. Durante años, el gasto público ha sido financiado sin disciplina, incluyendo endeudamiento para cubrir gastos corrientes, estructuras ineficientes y esquemas asistenciales mal diseñados.
Cuando los incentivos económicos premian la inactividad en lugar del trabajo, el resultado es inevitable: menor productividad, menor generación de riqueza y mayor dependencia del Estado.
En este contexto, la experiencia reciente de Javier Milei en Argentina ofrece un punto de referencia interesante.
Más allá de debates ideológicos, su enfoque ha sido claro: reducción del gasto público, desregulación, simplificación normativa y apertura a la inversión. Es decir, eliminar obstáculos para que la economía pueda funcionar.
La lógica es sencilla: cuando se reducen las restricciones, se respetan las reglas y se generan incentivos adecuados, la actividad económica tiende a crecer.
Venezuela necesita avanzar en esa dirección.
No se trata de copiar modelos de manera mecánica, sino de corregir distorsiones evidentes: reducir la presión fiscal, limitar la discrecionalidad del Estado, flexibilizar el mercado laboral y generar condiciones reales para la inversión.
El país tiene recursos suficientes para recuperarse.
Lo que falta no es potencial.
Es un entorno donde producir, invertir y trabajar tenga sentido.