Lecciones de Bukele para Venezuela
En Venezuela hay una realidad que ya no admite discusión: el control de amplias zonas del país no lo ejerce el Estado, sino el crimen.
Ese control no se limita al hampa común. Incluye organizaciones criminales complejas, grupos armados irregulares, colectivos, estructuras parapoliciales, redes vinculadas al narcotráfico e incluso sectores corrompidos de las propias fuerzas de seguridad. No se trata de casos aislados, sino de un sistema que ha degradado profundamente la función del Estado.
El problema, además, no se reduce a quienes operan en la calle con armas. Existe también una estructura institucional que, en el ámbito penal, facilita la impunidad. La corrupción y la incompetencia dentro del sistema judicial han permitido no solo la liberación de delincuentes, sino también la extorsión de ciudadanos inocentes que terminan condenados por delitos inexistentes cuando no pueden pagar.
Las cifras reflejan la magnitud del deterioro. A finales de los años noventa, Venezuela registraba menos de 3.000 homicidios anuales. Años después, esa cifra se había multiplicado hasta acercarse a los 30.000. No fue un fenómeno espontáneo. Fue el resultado de un modelo que permitió, y en muchos casos utilizó, a estructuras criminales como herramientas de control.
Bandas como el Tren de Aragua, el Tren del Llano o diversas megabandas urbanas han evolucionado hasta convertirse en organizaciones con características similares a grupos insurgentes o incluso terroristas. No solo operan con armamento de alto poder, sino que controlan territorios, regulan la vida de las comunidades y sustituyen funciones del Estado.
Han aplicado, en la práctica, principios clásicos de la guerra irregular: se mezclan con la población, se protegen en ella y construyen redes de apoyo mediante coerción o asistencia. Esto dificulta su identificación y, en muchos casos, genera una relación de dependencia con sectores de la sociedad.
En este contexto, pretender enfrentar estas estructuras mediante mecanismos policiales convencionales es un error de diagnóstico.
Cuando el crimen alcanza ese nivel de organización, armamento y control territorial, deja de ser un problema de seguridad ciudadana y pasa a ser un problema de seguridad nacional.
Aquí es donde la experiencia de Nayib Bukele resulta relevante.
Desde 2022, su gobierno implementó un régimen de excepción que permitió detenciones masivas y un control territorial agresivo frente a las pandillas, logrando una caída significativa de los homicidios en El Salvador.
Más allá de debates ideológicos, lo cierto es que enfrentó a estructuras criminales que operaban con lógica de poder territorial y respondió con medidas extraordinarias: control masivo, neutralización de las organizaciones y recuperación efectiva del territorio.
Ese tipo de respuesta genera críticas, especialmente desde organizaciones de derechos humanos. Muchas de esas críticas revelan una visión parcial que se enfoca exclusivamente en los derechos de los delincuentes y omite el derecho fundamental de los ciudadanos a vivir sin miedo.
El problema en Venezuela no es solo el crimen en las calles. Es también el crimen dentro de las cárceles.
Durante años, los centros penitenciarios han funcionado como espacios de operación criminal, desde donde se coordinan secuestros, extorsiones y otras actividades ilícitas. Para muchos delincuentes, la cárcel no ha sido un castigo, sino un entorno cómodo y funcional para sus operaciones.
Esto debe cambiar.
La recuperación del control penitenciario es indispensable. Las cárceles deben ser intervenidas, desarmadas y transformadas en verdaderos centros de cumplimiento de condena. El sistema penitenciario no puede seguir siendo una extensión del crimen organizado.
Nada de esto puede hacerse con medidas tímidas.
La situación venezolana requiere decisiones firmes, sostenidas y, en muchos casos, extraordinarias. No se trata de copiar modelos de manera automática, sino de entender una realidad básica: cuando el Estado pierde el control frente a estructuras criminales de esta magnitud, solo una acción contundente puede revertir esa situación.
La pregunta ya no es si esas medidas son duras.
La pregunta es si existe otra alternativa real.
Más allá de debates ideológicos, lo cierto es que enfrentó a estructuras criminales que operaban con lógica de poder territorial y respondió con medidas extraordinarias: control masivo, neutralización de las organizaciones y recuperación efectiva del territorio.
Ese tipo de respuesta genera críticas, especialmente desde organizaciones de derechos humanos. Muchas de esas críticas revelan una visión parcial que se enfoca exclusivamente en los derechos de los delincuentes y omite el derecho fundamental de los ciudadanos a vivir sin miedo.
El problema en Venezuela no es solo el crimen en las calles. Es también el crimen dentro de las cárceles.
Durante años, los centros penitenciarios han funcionado como espacios de operación criminal, desde donde se coordinan secuestros, extorsiones y otras actividades ilícitas. Para muchos delincuentes, la cárcel no ha sido un castigo, sino un entorno cómodo y funcional para sus operaciones.
Esto debe cambiar.
La recuperación del control penitenciario es indispensable. Las cárceles deben ser intervenidas, desarmadas y transformadas en verdaderos centros de cumplimiento de condena. El sistema penitenciario no puede seguir siendo una extensión del crimen organizado.
Nada de esto puede hacerse con medidas tímidas.
La situación venezolana requiere decisiones firmes, sostenidas y, en muchos casos, extraordinarias. No se trata de copiar modelos de manera automática, sino de entender una realidad básica: cuando el Estado pierde el control frente a estructuras criminales de esta magnitud, solo una acción contundente puede revertir esa situación.
La pregunta ya no es si esas medidas son duras.
La pregunta es si existe otra alternativa real.