La verdad que Venezuela siempre conoció
Durante más de veinte años, quienes denunciamos que el sistema electoral venezolano había dejado de ser confiable fuimos calificados de conspiranoicos, radicales o enemigos de la democracia. Hoy, la reciente desclasificación de documentos de inteligencia estadounidenses no cambia la historia de Venezuela; lo que cambia es la posibilidad de contarla con información que durante años permaneció oculta.
La única victoria de Hugo Chávez cuya legitimidad prácticamente nadie discutió fue la de 1998. A partir de entonces comenzó un deterioro progresivo de las condiciones democráticas. Primero fueron las ventajas indebidas derivadas del uso ilimitado de los recursos del Estado, del control de los medios públicos y de las cadenas obligatorias. Después llegaron prácticas mucho más graves.
Advertimos cómo ciudadanos eran intimidados por comisarios políticos del chavismo, cómo testigos de la oposición eran expulsados de las mesas o impedidos de cumplir su función y cómo el secreto del voto dejaba de ser una garantía para convertirse en una promesa vacía. En mi novela Techos Rojos, Abismo Rojo aparecen reflejadas muchas de esas situaciones porque forman parte de una realidad que miles de venezolanos conocieron.
También advertimos un crecimiento difícil de explicar del Registro Electoral. Venezuela llegó a tener un porcentaje de electores habilitados que resultaba difícil de conciliar con su realidad demográfica. A ello se sumaron numerosas denuncias ciudadanas sobre personas con múltiples cédulas de identidad y otras irregularidades que hacían imprescindible una depuración seria del padrón antes de pensar en elecciones verdaderamente libres.
Durante el referéndum revocatorio de 2004 integré el equipo jurídico de la Coordinadora Democrática. Recuerdo las encuestas a boca de urna, las prolongaciones injustificadas de la votación, las interrupciones de las comunicaciones y la creciente sensación de que algo no cuadraba. Aquellas dudas nunca fueron despejadas de manera convincente.
Con el paso de los años, las irregularidades denunciadas se multiplicaron. Sin embargo, el problema dejó de ser exclusivamente el oficialismo. Una parte importante de la dirigencia opositora continuó convocando a participar en procesos electorales cuya falta de garantías conocía perfectamente.
El caso de Henrique Capriles resulta especialmente revelador. Tras las elecciones presidenciales de 2013 aceptó el resultado oficial. Años después afirmó que sabía que había ganado y que el resultado anunciado no reflejaba la voluntad popular. Si esas declaraciones son ciertas, Venezuela tuvo durante más de una década dirigentes que conocían la falta de confiabilidad del sistema electoral y, pese a ello, continuaron legitimándolo con su participación.
La sensación de traición tampoco se limitó al terreno electoral. Muchos guarimberos denunciaron públicamente —y varios de ellos me lo manifestaron personalmente— que terminaron siendo entregados por dirigentes de la propia oposición al régimen contra el que estaban luchando.
La misma situación se repitió en el ámbito de la resistencia militar. La propia esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano acusó públicamente a Carlos Ocariz de haber facilitado su captura. Asimismo, la capitán Laided Salazar, participante de la denominada Operación Golpe Azul, me relató personalmente que la operación fue entregada al gobierno por un dirigente político de la oposición con quien habían establecido contacto en busca de apoyo. Estos episodios forman parte de una realidad que Venezuela deberá examinar con seriedad cuando llegue el momento de reconstruir, sin omisiones ni conveniencias políticas, la historia de la resistencia contra el régimen.
Las elecciones presidenciales de 2024 marcaron un punto de inflexión. El Centro Carter concluyó que el proceso no cumplió los estándares internacionales de integridad electoral y que no podía validar los resultados oficiales. Poco después comenzaron a conocerse documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos que señalan que el régimen venezolano desarrolló capacidades para alterar digitalmente resultados electorales. Esos documentos no demuestran, por sí solos, que todas las elecciones anteriores hayan sido fraudulentas, pero sí desmontan definitivamente la idea de que las denuncias sobre manipulación eran simples teorías conspirativas.
La democracia no puede sobrevivir cuando los ciudadanos dejan de confiar en el voto. Pero tampoco puede sobrevivir cuando quienes dicen representar la alternativa democrática saben que el sistema electoral no es confiable, conocen la existencia de graves irregularidades y, aun así, continúan llamando a participar en procesos cuyos resultados terminan legitimando.
Las propias declaraciones posteriores de Henrique Capriles constituyen un punto de inflexión. Si, como él mismo afirmó años después, sabía que había ganado las elecciones de 2013 y que el resultado oficial no reflejaba la voluntad popular, entonces Venezuela tuvo durante más de una década una dirigencia opositora que conocía la gravedad del problema y, sin embargo, no actuó en consecuencia. Esa realidad obliga a revisar no solo la responsabilidad del régimen, sino también la de quienes, por acción u omisión, contribuyeron a mantener la apariencia de normalidad democrática.
Venezuela necesita mucho más que un cambio de gobierno. Necesita recuperar la verdad. Necesita exigir responsabilidades al régimen, pero también revisar con honestidad el papel desempeñado por quienes, conociendo la gravedad de lo que ocurría, contribuyeron a mantener durante años un sistema electoral cuya falta de confiabilidad conocían de primera mano.
Solo cuando el país sea capaz de enfrentar toda esa historia, sin silencios convenientes ni relatos incompletos, podrá comenzar la reconstrucción de una auténtica democracia.