La amnistía y la trampa de ponerse a derecho

Fui preso político durante cuatro años, desde el 22 de abril de 2014 hasta marzo de 2018. Fui miembro del Foro Penal Venezolano y participé en múltiples defensas. Un día decidieron detener a uno de los abogados como escarmiento. La oportunidad la di yo.

Desde marzo de 2018, cuando logré evadirme de mi reclusión, vivo en libertad fuera de Venezuela. Trabajo, escribo y comparto con mis hijos. Podría estar comprendido dentro de la nueva amnistía. Pero hay un requisito que la vuelve absurda: debo “ponerme a derecho”.

Eso significa regresar al país y comparecer ante el mismo sistema judicial que me encarceló, ante el mismo sistema penitenciario que durante años produjo miles de presos políticos y que ha sido denunciado por torturas y muertes bajo custodia. Debo entregarme para que evalúen si merezco ser liberado.

La amnistía debería extinguir la acción penal automáticamente. No debería implicar ni un minuto adicional de privación de libertad. Mucho menos en el caso de quienes estamos fuera del país.

Pero el problema no es solo formal. Es real.

Durante estos años no he guardado silencio. Fui asesor en la Argentina durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, trabajé en la Cámara de Diputados y colaboré en gestiones vinculadas a la política exterior respecto a Venezuela. Comparecí en el Palacio de las Naciones en Ginebra para exponer la situación del país ante embajadores y prensa acreditada. Impulsé la iniciativa Rebelión Ciudadana Siete Estrellas, basada en el Manifiesto por la Venezuela Libre, orientada a articular representación política legítima del exilio y promover mecanismos efectivos para la liberación de Venezuela.

Mi intención siempre fue clara: causarle el mayor daño posible a una dictadura ilegítima. Y para hacerlo no hacía falta mentir; bastaba con decir la verdad.

¿Alguien cree que todo eso sería irrelevante ante un tribunal controlado por el chavismo? Figuras como traición a la patria o conspiración han sido usadas reiteradamente para criminalizar la disidencia. Una vez detenido, pueden surgir nuevas imputaciones.

Y si no bastan las políticas, existen precedentes reiterados de utilización de delitos comunes para neutralizar adversarios. En Yare tuve un compañero, líder estudiantil en su ciudad, que fue detenido durante una operación antidrogas y presentado como traficante cuando su actividad política estaba afectando al poder local. Otro compañero fue acusado por delitos relacionados con armas en un contexto vinculado a su trabajo de apoyo a la Embajada de Estados Unidos. En ambos casos, la imputación penal sirvió para apartarlos del escenario político. Cuando un patrón se repite, deja de ser excepción y se convierte en procedimiento.

Este no es un sistema que inspire confianza. Es un sistema que ha demostrado su capacidad para fabricar causas cuando conviene.

Por eso la exigencia de ponerse a derecho no es un trámite. Es una apuesta a la fe en el mismo aparato que me encarceló durante cuatro años.

En lo que a mí respecta, no tengo intención alguna de regresar para probar si ese sistema ha cambiado. La libertad no se somete a examen en una celda para ver si luego merece ser reconocida.