La amnistía no basta

Porque el problema no es solo quién está preso injustamente. El problema es el sistema que permitió que lo estuviera.

Durante años ejercí el derecho penal. Luego conocí la cárcel desde adentro. Y en ambos escenarios confirmé algo inquietante: en el sistema jurídico actual no se puede confiar plenamente en las sentencias condenatorias. No es solo un asunto de jueces. Es, sobre todo, un problema estructural donde el Ministerio Público tiene un papel determinante.

A los fiscales se les exigen resultados. Y los resultados se traducen en condenas.

Cuando la lógica institucional premia la estadística por encima de la verdad, la prisión preventiva deja de ser una medida excepcional y se convierte en un mecanismo de presión. Lo vi innumerables veces: personas detenidas durante meses —a veces años— mientras se les ofrecía una salida inmediata si admitían los hechos.

“Admite y te cambiamos la calificación a un delito menor. La pena está cumplida. Sales hoy mismo”.

Para quien está preso, la libertad pesa más que cualquier teoría jurídica. El preso solo quiere volver a su casa.

Recuerdo a un defendido que insistía en demostrar su inocencia. No quería admitir nada porque no quería quedar como culpable ante su madre. Durante una visita, delante de mí, su mamá le dijo: “Hijo, yo lo que quiero es tenerte en la casa. ¿Eres culpable? —No—. Entonces admite, porque te estoy esperando”.

Terminó admitiendo.

No porque fuera culpable, sino porque la presión era insoportable. Ese tipo de situaciones son tan frecuentes que la línea entre negociación procesal y coacción se vuelve casi invisible. Cuando la alternativa es confesar algo que no hiciste o pasar años preso, la libertad de decisión es, en el mejor de los casos, relativa.

En Yare compartí celda con un preso político que llevaba apenas 30 días detenido. Le ofrecieron admitir un hecho menor, cumplir tres meses de trabajo comunitario y salir de inmediato. Si no aceptaba, podía enfrentar cinco años de proceso. Ese era el margen de elección.

También presencié casos que revelan otro nivel de distorsión: la siembra de pruebas. Quiero pensar que en algunos casos los funcionarios creen en la culpabilidad del sospechoso y, ante la falta de evidencias, deciden “completar” el expediente. No lo justifico, pero entiendo la lógica. El problema es que esa práctica también sirve para fabricar casos y luego presionar confesiones.

En Yare conocí a un comerciante de vehículos usados. Siempre llevaba los carros a revisión a una sede policial porque tenía un conocido allí. Un día lo detuvieron alegando haber encontrado drogas en uno de los vehículos. La supuesta droga nunca fue presentada en juicio. Nadie la vio. Solo afirmaban que existía.

Tras dos años de proceso interrogaron a cinco policías. Todos dijeron que su función había sido “custodia del área”. Ninguno encontró la droga. Ninguno la manipuló. Pero en el expediente la droga aparecía como evidencia central. Era tan evidente la debilidad del caso que el propio fiscal les dijo a los defensores que no había forma de sostener una condena.

También compartí cárcel con el jardinero de la casa de Makled. Su esposa era la cocinera. Pasaron tres años presos por el simple hecho de trabajar allí, sin vínculo alguno con la organización criminal. El juez, finalmente, los declaró inocentes por no tener relación con las actividades de su patrón. Sin embargo, el fiscal apeló expresamente para que siguieran detenidos. Dijo que apelaría tantas veces como fuera necesario hasta que admitieran los hechos o cumplieran pena.

Era, literalmente, prisión para forzar una confesión.

Frente a esta realidad, la amnistía puede ser un alivio. Puede liberar a quienes nunca debieron estar presos. Pero no corrige la raíz del problema. No transforma el incentivo perverso que premia la condena por encima de la verdad. No impide que mañana otros inocentes enfrenten la misma maquinaria.

El debate no debería limitarse a quién recibe el perdón, sino a por qué el sistema produce injusticias de manera tan reiterada. Porque cuando la ausencia de justicia es estructural, la amnistía no es una solución total. Es, en el mejor de los casos, un respiro.

La verdadera reforma pendiente no es solo política. Es institucional. Es moral. Es jurídica.

Y mientras no se aborde esa raíz, la desconfianza seguirá siendo parte inevitable de cualquier sentencia.