Francia ha caído, América no puede caer
Francia fue durante siglos uno de los grandes centros de la civilización occidental. La nación de la Revolución francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de Montesquieu, Voltaire y tantos otros pensadores que contribuyeron a transformar la organización política del mundo moderno, enfrenta una crisis que debería servir de advertencia para todos los países de América.
No se trata solamente de problemas económicos, delincuencia o dificultades para integrar a los inmigrantes. El problema es mucho más profundo: el debilitamiento de la autoridad del Estado, la pérdida de confianza en sus instituciones y la incapacidad de sus gobernantes para defender los principios sobre los cuales se construyó la sociedad francesa.
Francia no ha dejado de existir, pero ha perdido terreno en aspectos fundamentales de su capacidad para defender su modelo republicano. Y lo más grave es que muchos de los problemas que enfrenta fueron advertidos durante décadas, mientras sus dirigentes preferían ignorarlos, minimizarlos o esconderlos detrás de discursos políticamente convenientes.
La tolerancia, convertida en una obligación de aceptar cualquier comportamiento, ha terminado utilizándose como excusa para justificar lo injustificable. En nombre del multiculturalismo se han tolerado prácticas incompatibles con los principios fundamentales de Occidente. En nombre de la integración se han aceptado exigencias que contradicen las leyes nacionales. Y en nombre de la corrección política se ha pretendido silenciar a quienes advierten sobre las consecuencias.
América todavía está a tiempo de aprender de esa experiencia. Pero para hacerlo debe comprender que la tolerancia no obliga a una sociedad a renunciar a sus principios, ni la solidaridad internacional exige sacrificar los intereses nacionales.
La tolerancia tiene límites. Y esos límites comienzan donde se vulneran los derechos de los demás y se amenaza la autoridad del Estado.
Nadie está obligado a recibir a cualquiera en su casa
Una nación tiene derecho a decidir quién ingresa en su territorio, quién puede establecerse permanentemente y bajo qué condiciones. Ese derecho constituye una de las manifestaciones más elementales de la soberanía.
La inmigración puede ser extraordinariamente beneficiosa. Estados Unidos creció con la contribución de millones de inmigrantes. Argentina recibió grandes corrientes migratorias que participaron decisivamente en su desarrollo. Venezuela también se benefició de la llegada de extranjeros que trabajaron, fundaron empresas, desarrollaron industrias y contribuyeron a transformar el país.
Pero reconocer esos beneficios no significa aceptar que toda inmigración sea conveniente. Tampoco significa que cualquier persona tenga derecho a establecerse donde quiera, independientemente de sus antecedentes, sus capacidades o su disposición a integrarse.
Ningún país está obligado a recibir indiscriminadamente a todos los que desean ingresar. Tampoco tiene la obligación de resolver mediante la inmigración permanente los problemas económicos, políticos y sociales de otras naciones.
La solidaridad internacional es una cosa. La renuncia a defender los intereses nacionales es otra completamente distinta.
Las políticas migratorias deben responder a las necesidades del país receptor. Deben considerar la formación, la experiencia laboral, los antecedentes penales, las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo y la disposición a respetar las instituciones nacionales.
Un país que necesita médicos, ingenieros, técnicos o trabajadores especializados tiene derecho a establecer mecanismos para atraerlos. También tiene derecho a impedir el ingreso de delincuentes, extremistas violentos y personas que representen amenazas concretas para su seguridad.
El deseo de emigrar no crea automáticamente un derecho ilimitado a establecerse en otro país. Los gobiernos tienen una obligación primaria con los ciudadanos y residentes cuya seguridad, derechos y bienestar están encargados de proteger.
Las costumbres de los inmigrantes no están por encima de nuestras leyes
Uno de los mayores errores de determinadas políticas de integración consiste en confundir el respeto a las costumbres ajenas con la obligación de aceptar cualquier práctica cultural o religiosa. Son cosas completamente diferentes.
Quien llega a otro país puede conservar su idioma, sus tradiciones familiares, sus preferencias alimentarias y sus convicciones religiosas. Lo que no puede pretender es que esas costumbres prevalezcan sobre las leyes y los principios fundamentales de la sociedad que lo recibe.
Existen sociedades en las cuales la subordinación jurídica de la mujer, los matrimonios infantiles o las restricciones a la libertad religiosa han sido tolerados o legitimados mediante interpretaciones religiosas y normas tradicionales. Que esas prácticas existan no significa que debamos aceptarlas.
El matrimonio infantil es inadmisible. Ninguna tradición, costumbre o religión justifica el abuso sexual de menores. Una niña no es una esposa disponible para un adulto. Es una menor cuyos derechos deben ser protegidos.
Una mujer tampoco es propiedad de su marido, de su padre ni de una autoridad religiosa. Es una persona con los mismos derechos fundamentales que cualquier hombre.
No existe negociación posible sobre el abuso sexual infantil, los matrimonios forzados o la violencia contra las mujeres. Tampoco existe obligación de reconocer validez a costumbres que pretendan justificar semejantes atrocidades.
Quien cometa esos delitos debe responder ante la justicia. Y quien pretenda establecerse en un país mientras rechaza sistemáticamente sus normas fundamentales tendrá que asumir las consecuencias previstas por su legislación, incluida la expulsión cuando corresponda.
La integración no consiste en exigir que la sociedad receptora renuncie a sus principios para acomodarse a las exigencias de quienes llegan.
Consiste en incorporarse a esa sociedad respetando sus leyes y las libertades de los demás.
Cuando la religión pretende convertirse en poder político
El problema francés no se limita a la inmigración. También comprende la actuación de organizaciones que utilizan la religión como fundamento de un proyecto político.
Las propias autoridades francesas han reconocido la existencia del separatismo islamista: movimientos que buscan establecer mecanismos de control comunitario y normas que compitan con la legislación republicana. El asunto es de una gravedad extraordinaria.
La libertad religiosa permite creer en Dios, en varios dioses o en ninguno. Permite practicar una religión, abandonarla o cambiar de creencias. Pero no concede a ninguna organización el derecho de imponer sus normas religiosas sobre quienes no las comparten.
Cuando una organización pretende que sus preceptos religiosos prevalezcan sobre las leyes civiles, deja de actuar exclusivamente en el terreno espiritual. Está disputando el poder, y ningún Estado puede aceptar que una autoridad religiosa sustituya a sus instituciones.
El conflicto entre las concepciones teocráticas del islam y los principios de la civilización occidental es mucho más profundo de lo que habitualmente se reconoce. No se limita a la existencia de organizaciones terroristas. Comprende sistemas religiosos y jurídicos que pretenden regular la vida civil, las relaciones familiares, la posición de la mujer y la libertad de conciencia mediante normas que no proceden de las instituciones republicanas.
Cuando esas concepciones pretenden imponerse como legislación obligatoria, entran en conflicto directo con la separación entre religión y Estado, la igualdad jurídica y la libertad individual. Occidente no tiene ninguna obligación de aceptar semejantes imposiciones.
El islamismo político representa la manifestación más evidente de ese conflicto. Sus corrientes teocráticas aspiran a establecer sistemas donde las leyes religiosas prevalezcan sobre las decisiones de las instituciones civiles. Algunas organizaciones extremistas incluso justifican la violencia para alcanzar ese objetivo.
No estamos ante simples diferencias culturales. Estamos ante proyectos políticos que deben ser enfrentados por sus objetivos y sus actuaciones.
Occidente ha sido extraordinariamente ingenuo al permitir que organizaciones extremistas aprovechen las libertades democráticas para promover sistemas que negarían esas mismas libertades si alcanzaran el poder. Una democracia no tiene por qué facilitar su propia destrucción.
La reciprocidad religiosa no puede ser una calle de un solo sentido
En las relaciones internacionales existe un principio fundamental: la reciprocidad.
Arabia Saudita constituye uno de los ejemplos más evidentes de las contradicciones que aparecen cuando ese principio deja de aplicarse.
Durante décadas, el reino saudí ha mantenido severas restricciones sobre las manifestaciones públicas de religiones distintas del islam. La construcción de templos no musulmanes y el culto público de otras confesiones no disfrutan de las libertades que reconocen habitualmente las democracias occidentales.
Sin embargo, los países occidentales permiten la construcción de mezquitas y el funcionamiento de instituciones religiosas que, en algunos casos, reciben financiación de gobiernos extranjeros.
La contradicción es evidente. ¿Por qué los gobiernos occidentales deben facilitar la expansión institucional de organizaciones financiadas por Estados que niegan libertades equivalentes dentro de sus propias fronteras?
La reciprocidad debe formar parte de las relaciones religiosas internacionales. Los Estados que impiden construir iglesias o practicar públicamente otras religiones no pueden exigir que sus organizaciones reciban facilidades institucionales ilimitadas en Occidente.
La construcción de nuevas mezquitas financiadas o controladas por gobiernos que niegan la libertad religiosa debe someterse a restricciones y controles rigurosos. Incluso debe suspenderse cualquier nueva autorización vinculada con esos Estados mientras persista la ausencia de reciprocidad.
La libertad individual de conciencia es una cosa. La financiación extranjera de instituciones religiosas que pueden servir como instrumentos de influencia política es otra completamente distinta. Esto cae dentro del ámbito de la seguridad nacional.
Durante la operación Escudo del Desierto, la presencia de fuerzas occidentales en Arabia Saudita también generó controversias sobre las restricciones religiosas y las normas sociales aplicadas a militares extranjeros.
Arabia Saudita exigió a los capellanes militares que no usen cruces en su uniforme. Además de ello, prohibió conducir automóviles a las mujeres, una restricción general que no fue levantada hasta 2018.
La contradicción resulta evidente: solicitar a otros países que envíen soldados para defender el territorio saudí y, simultáneamente, exigirles que se adapten a normas profundamente contrarias a las libertades reconocidas en sus sociedades.
La cooperación internacional no obliga a renunciar a los principios fundamentales de una nación.
La barbarie no se convierte en civilización por invocar una religión
Una de las noticias más estremecedoras difundidas recientemente se refiere a la ejecución de dos ciudadanos bangladesíes en Arabia Saudita.
Una pareja fue castigada con la decapitación, después de que el esposo besara a su mujer en la frente dentro de una mezquita. Las autoridades saudíes describieron los hechos como una conducta inmoral.
El episodio denunciado es estremecedor. Un beso en la frente es una expresión de amor, ternura o respeto. Puede ser el gesto de un esposo hacia su mujer o de un padre hacia su hijo. Convertir semejante manifestación de afecto en motivo de una ejecución constituye una atrocidad.
Y el contraste con la tolerancia que determinadas legislaciones o interpretaciones religiosas han mostrado hacia los matrimonios infantiles resulta todavía más indignante.
No existe argumento religioso que convierta el abuso sexual de una niña en una conducta aceptable. No existe tradición cultural que justifique la subordinación violenta de las mujeres. No existe autoridad espiritual que pueda legitimar la tortura, la esclavitud o el asesinato.
El abuso sexual infantil es inadmisible. La violencia contra las mujeres es inadmisible. La persecución religiosa es inadmisible.
No son comportamientos que debamos aceptar por respeto a otras culturas, son violaciones de derechos fundamentales que deben ser perseguidas y castigadas.
Ninguna autoridad religiosa o criminal puede sustituir al Estado
Suecia y Francia han enfrentado problemas graves en determinados barrios afectados por delincuencia organizada, intimidación y estructuras sociales paralelas.
En Suecia, la propia policía identifica áreas vulnerables donde las organizaciones religiosas extremistas dificultan la actuación de las autoridades y ejercen influencia sobre la población.
La existencia de esas zonas plantea una cuestión esencial: ¿qué sucede cuando el Estado deja de ejercer efectivamente su autoridad sobre una parte de su territorio? Comienza a perder soberanía.
No puede haber barrios donde una organización criminal, política o religiosa decida qué leyes se cumplen y cuáles se ignoran.
No puede permitirse que los vecinos sean intimidados por acudir a la policía, que las mujeres pierdan libertades o que determinadas organizaciones impongan castigos al margen de los tribunales.
Cuando una organización utiliza la violencia para disputar la autoridad estatal, el problema deja de ser exclusivamente una cuestión de convivencia para convertirse en una amenaza contra la seguridad nacional.
Y cuando esa amenaza adquiere las características de una insurrección armada, el Estado debe estar dispuesto a emplear todos los medios legítimos necesarios para recuperar el control de su territorio, incluidas las Fuerzas Armadas.
No se trata de militarizar cualquier problema de convivencia ni de confundir delincuencia común con una rebelión. Se trata de organizaciones armadas que desafían abiertamente la autoridad estatal, controlan territorios mediante la violencia e impiden que las instituciones cumplan sus funciones.
En esas circunstancias, limitarse a declaraciones políticas o medidas administrativas es insuficiente. La respuesta debe ser proporcional a la amenaza, pero también suficientemente eficaz para impedir que el desafío se consolide.
Ningún gobierno puede abandonar a sus ciudadanos frente a organizaciones que pretenden sustituirlo. Su obligación es defenderlos
La soberanía no se defiende solamente mediante discursos. Se ejerce.
El terrorismo religioso no puede encontrar refugio en la tolerancia
Francia conoce demasiado bien las consecuencias del terrorismo yihadista.
Los atentados de París de noviembre de 2015, el asesinato del profesor Samuel Paty en 2020 y otros ataques cometidos por extremistas islamistas demostraron que existen organizaciones e individuos dispuestos a asesinar para imponer sus convicciones.
No se trata de simples diferencias culturales, se trata de terrorismo y debe ser enfrentado como tal.
El fanatismo religioso también ha causado enormes sufrimientos en sociedades de mayoría musulmana. Una parte considerable de las víctimas del terrorismo yihadista profesa el islam, pero es considerada enemiga por rechazar determinadas interpretaciones o por no someterse a las organizaciones extremistas. Diversas estimaciones han situado la proporción de víctimas musulmanas en torno al noventa por ciento.
El fanatismo no necesita que sus víctimas profesen otra religión. Basta con que no acepten la interpretación de quienes pretenden imponerla mediante la violencia.
Nigeria ofrece otro ejemplo de la gravedad que puede alcanzar la violencia de organizaciones extremistas.
En Nigeria, los cristianos son perseguidos y asesinados por grupos yihadistas, sólo por el hecho de ser cristianos.
La magnitud de semejante violencia es estremecedora. Comunidades enteras viven sometidas al terror, familias pierden a sus seres queridos y miles de personas son desplazadas de sus hogares. Lo peor es el silencio cómplice de occidente y muy especialmente del Vaticano, donde el Papa y su séquito, guardan un vergonzoso total silencio sin considerar que su misión principal es proteger a esos cristianos, que son sus hermanos de fe. No tengo la más mínima duda que Jesucristo estaría totalmente en contra de esa actitud. Uno de los muy pocos que ha alzado su voz en contra de semejante barbarie, ha sido el presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump, quien incluso ha ordenado ataques aéreos en contra de las bases yihadistas para tratar de proteger a los cristianos.
Soy agnóstico. No comparto las creencias religiosas de esas víctimas. Pero no necesito ser cristiano para defender a los cristianos perseguidos. Nadie debe ser asesinado, secuestrado o expulsado de su comunidad por profesar una religión.
La libertad de conciencia es uno de los principios fundamentales de Occidente y debe ser defendida precisamente cuando resulta más difícil hacerlo.
Existe una conocida anécdota del general estadounidense John J. "Black Jack" Pershing durante las campañas militares en Filipinas. Grupos fundamentalistas islamicos participaban en ataques terroristas en contra de los norteamericanos. Él ordenó el fusilamiento de una cantidad de terroristas con balas mojadas en sangre de cerdo. Según el Islam ellos morirían impuros y les sería negado el paraíso. Bastó y sobró para que se detuviera completamente la campaña terrorista.
Las motivaciones religiosas pueden desempeñar un papel decisivo en determinados conflictos, y combatir una amenaza exige conocer cómo piensan quienes la integran.
No se puede enfrentar eficazmente a un enemigo sin comprender sus motivaciones, sus objetivos y sus métodos.
La delincuencia no puede esconderse detrás de la corrección política
En España se ha denunciado repetidamente, que ciertos grupos étnicos o religiosos se encuentran sobre representados en la estadística criminal. Estos grupos son los africanos y los musulmanes. La estadística oficial del Estado indica que estos grupos suelen tener una participación 4 o 5 veces mayor que los españoles en delitos violentos y/o delitos sexuales.
La obligación de las autoridades no consiste en proteger la imagen de determinados colectivos, sino en proteger a las personas frente a los delitos. Eso exige distinguir entre quienes delinquen y quienes respetan la ley. La responsabilidad penal es individual, pero las políticas públicas necesitan analizar patrones estadísticos para identificar problemas y prevenirlos.
Negarse a estudiar una realidad por temor a sus consecuencias políticas no constituye tolerancia. Constituye irresponsabilidad.
La seguridad comienza en las fronteras
La inmigración irregular también plantea problemas cuando los Estados carecen de mecanismos suficientes para verificar la identidad y los antecedentes de quienes ingresan.
Otro hecho que se ha denunciado repetidamente en España, es la llegada de delincuentes marroquíes entre los grupos de refugiados. Incluso se ha denunciado que muchos de estos delincuentes, apenas son indultados o liberados, viajan a España mediante rutas de inmigración irregular.
Las fronteras no son una formalidad administrativa, son uno de los instrumentos mediante los cuales un Estado protege su territorio y a sus habitantes.
Permitir que una persona ingrese sin comprobar adecuadamente su identidad puede tener consecuencias graves. Y cuando existen antecedentes de terrorismo, violencia organizada o delitos sexuales, el riesgo exige especial atención.
No hay nada xenófobo en exigir controles migratorios eficaces.
Recibir lo que beneficia, no importar problemas
La política migratoria también tiene una dimensión económica.
Recibir inmigrantes no constituye automáticamente una inversión beneficiosa. Su impacto depende de múltiples factores: formación, edad, empleo, productividad, capacidad de integración y utilización de los servicios públicos. Los gobiernos deben evaluar esos factores con seriedad.
Una nación que necesita profesionales sanitarios, ingenieros, técnicos especializados o trabajadores para determinados sectores puede diseñar políticas que favorezcan su llegada. También puede establecer requisitos educativos, profesionales y lingüísticos adecuados a sus necesidades.
La inmigración no puede gestionarse como si la capacidad económica del país receptor fuera ilimitada. Los servicios sanitarios, la educación, la vivienda y las prestaciones sociales tienen costos que deben ser financiados. Cuando las políticas migratorias generan gastos superiores a los recursos disponibles, las consecuencias recaen sobre toda la sociedad.
Las prestaciones sociales también deben formar parte de esa evaluación. Un sistema que permite que personas en condiciones de trabajar permanezcan durante períodos prolongados dependiendo de ayudas públicas necesita ser revisado. La asistencia social debe proteger a quienes realmente la necesitan, pero no convertirse en un sustituto permanente del trabajo. Las ayudas deben acompañarse de mecanismos que favorezcan la capacitación, la incorporación laboral y la autonomía económica.
Un país tiene derecho a exigir que sus políticas migratorias contribuyan a su desarrollo y no comprometan la sostenibilidad de sus servicios públicos. Las condiciones educativas y de desarrollo humano también influyen sobre las posibilidades de integración laboral.
La desnutrición infantil, la falta de atención prenatal, la escolarización insuficiente y las carencias de estimulación temprana pueden afectar gravemente el desarrollo cognitivo y las oportunidades futuras. No es responsabilidad moral de un niño haber crecido en esas condiciones. Pero tampoco sería razonable ignorar sus consecuencias al planificar programas de formación, integración y empleo.
Los rankings internacionales de coeficiente intelectual muestran diferencias entre las puntuaciones obtenidas por participantes de distintos países. Estos resultados no deben ser descartados por resultar incómodos. Las diferencias educativas, nutricionales y socioeconómicas pueden influir considerablemente sobre los resultados de estas pruebas. Un Estado no debe abrir las puertas irrestrictamente a quienes tienen poco o nada que aportar al país al cual llegan. Por eso, un gobierno interesado en diseñar políticas migratorias eficaces debería prestar atención a las competencias reales de las personas, su formación y sus necesidades de adaptación, en lugar de limitarse a categorías administrativas generales.
No se trata de negar oportunidades a alguien por su procedencia, sino de reconocer que las capacidades educativas y profesionales son relevantes para determinar las posibilidades de incorporación productiva y los recursos necesarios para facilitarla.
Tampoco se trata de negar oportunidades por el lugar de nacimiento. Se trata de reconocer que la formación, las competencias y la capacidad de adaptación son factores fundamentales para una política migratoria responsable.
Una política migratoria equivocada también genera xenofobia
Hay una consecuencia particularmente injusta de las políticas migratorias deficientes: terminan fomentando la xenofobia.
Cuando una sociedad percibe que sus autoridades no controlan adecuadamente las fronteras, que determinadas organizaciones actúan con impunidad o que los problemas de convivencia son ignorados, el descontento puede extenderse indiscriminadamente contra los extranjeros.
Y quienes terminan pagando las consecuencias también son inmigrantes que trabajan, respetan las leyes y contribuyen al desarrollo del país. La solución no consiste en ocultar los problemas. Consiste en enfrentarlos.
Una política migratoria responsable debe proteger simultáneamente la seguridad de los ciudadanos y los derechos de los extranjeros que cumplen sus obligaciones. Debe impedir que la conducta de los delincuentes perjudique a quienes se han integrado honestamente.
Y debe reconocer que la convivencia no se sostiene mediante discursos, sino mediante instituciones eficaces y normas que se aplican a todos.
La xenofobia no se combate ocultando los delitos cometidos por extranjeros. Se combate aplicando la ley, identificando a los responsables y evitando que la impunidad termine provocando el rechazo indiscriminado de personas que no han cometido delito alguno.
América no puede repetir los errores europeos
Francia debería ser una advertencia para todo el continente americano.
Los países de América tienen historias migratorias diferentes, necesidades económicas distintas y estructuras institucionales que no son idénticas a las europeas.
Pero comparten una responsabilidad fundamental: proteger su soberanía, garantizar la seguridad de sus habitantes y preservar los principios sobre los cuales se organizan sus sociedades.
Ningún país está obligado a admitir indiscriminadamente a todos los que desean ingresar.
Ninguna nación debe aceptar que organizaciones religiosas o políticas establezcan poderes paralelos.
Ninguna tradición cultural justifica la violencia contra las mujeres, el abuso de menores o la persecución religiosa.
Ningún gobierno responsable debe permitir que el temor a una controversia política le impida investigar la delincuencia o actuar frente a organizaciones extremistas.
Y ninguna democracia tiene por qué facilitar el establecimiento de movimientos que pretenden destruir sus libertades.
La historia demuestra que las sociedades pueden beneficiarse extraordinariamente de la inmigración. Pero también demuestra que las decisiones políticas equivocadas producen consecuencias duraderas.
La integración exige obligaciones recíprocas. El Estado debe garantizar derechos y aplicar sus leyes. Quienes llegan deben respetar esas leyes y las libertades de los demás.
Lo que no puede aceptarse es que, en nombre de la tolerancia, una sociedad termine renunciando a defender aquello que la hace libre.
Francia todavía puede corregir sus errores. Pero su experiencia debería bastar para que América comprenda que la soberanía, la seguridad y la convivencia no pueden darse por garantizadas.
Una nación puede recuperarse de una crisis económica. Puede reconstruirse después de una guerra. Puede superar gobiernos incompetentes y períodos de decadencia.
Mucho más difícil resulta reconstruir la autoridad de sus instituciones cuando durante décadas ha permitido que se debiliten.
Francia ha caído en aspectos fundamentales de su capacidad para defender su modelo republicano. América todavía puede evitar ese camino. Y no puede permitirse caer por los mismos errores.
