El acuerdo que Venezuela no puede rechazar

Donald Trump acaba de anunciar lo que ha calificado como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Venezuela, Estados Unidos y empresas privadas participarían en el desarrollo de 17 campos petroleros que comprenden alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Las cifras anunciadas son gigantescas: más de 100.000 millones de dólares de inversión privada y una estimación superior a los 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales para Venezuela.

Y tenemos un problema. Un problema enorme.

Quienes hoy ejercen el poder en Venezuela arrastran gravísimos cuestionamientos de legitimidad política y constitucional. Delcy Rodríguez no apareció en Miraflores como consecuencia de una elección presidencial libre que la hubiese convertido directamente en presidenta de la República. La situación institucional venezolana posterior a la captura de Nicolás Maduro es extraordinaria y difícilmente puede analizarse como si estuviéramos ante la normal sucesión de un Estado constitucional funcionando perfectamente.

Podemos discutir incluso, como he hecho anteriormente, la legitimidad de origen de la propia Constitución de 1999. Y aun utilizando esa Constitución como marco jurídico vigente aparecen preguntas importantes sobre contratos de interés público, hidrocarburos, participación extranjera y autorizaciones legislativas.

Perfecto. Discutámoslo todo. Pero después de terminar la discusión tendremos que regresar al mundo real. Y en el mundo real Venezuela necesita desesperadamente ese dinero.

Los especialistas petroleros venezolanos llevan años advirtiendo algo que debería resultar evidente para cualquiera que conozca mínimamente el estado de nuestra industria: recuperar la capacidad petrolera perdida requiere inversiones gigantescas.

No estamos hablando de reparar una bomba, pintar unas instalaciones y encender nuevamente los pozos. Hablamos de recuperar infraestructura deteriorada durante décadas; perforar y rehabilitar pozos; reparar oleoductos; actualizar instalaciones; recuperar refinerías; adquirir tecnología; contratar servicios especializados; reconstruir información técnica; incorporar equipos; recuperar capacidad logística; atraer nuevamente talento humano y garantizar mantenimiento sostenido.

Eso cuesta decenas de miles de millones de dólares y, dependiendo de la producción que pretendamos recuperar, muchísimo más. El Estado venezolano no tiene ese dinero. Tampoco lo tendría mágicamente un excelente gobierno democrático que asumiera mañana.

Podríamos elegir al mejor presidente de nuestra historia, nombrar a los mejores técnicos, eliminar la corrupción y administrar con una austeridad franciscana. Seguiríamos sin disponer inmediatamente de los recursos necesarios para reconstruir una industria petrolera de las dimensiones de la venezolana.

Necesitamos capital extranjero. No es ideología. Es aritmética.

Aquí comienza la parte desagradable. ¿Por qué grandes compañías estadounidenses estarían dispuestas a comprometer ahora cantidades de dinero que durante años no estuvieron dispuestas a arriesgar en Venezuela?

Porque cambió el riesgo político.

Las empresas petroleras saben desde hace un siglo que Venezuela tiene petróleo. No descubrieron la Faja del Orinoco la semana pasada. Lo que necesitaban era poder creer que, si invertían miles de millones de dólares, no aparecería nuevamente un gobierno cambiando unilateralmente las condiciones, expropiando activos o convirtiendo una inversión gigantesca en rehén de una decisión política.

Hoy tienen detrás al gobierno de Estados Unidos. Eso modifica completamente el cálculo.

Podrá gustarnos o no la influencia que Washington ejerce actualmente sobre el proceso venezolano. Podremos discutir durante años si se trata de tutela, supervisión, condicionamiento, influencia determinante o cualquier otra expresión que prefiramos. A una petrolera le importa algo mucho más concreto: ¿puedo invertir y recuperar mi dinero?

Si Washington proporciona suficiente seguridad política para que la respuesta sea afirmativa, entonces aparece el capital. Y Venezuela lo necesita.

Por supuesto que Estados Unidos quiere nuestro petróleo. ¿Alguien esperaba otra cosa? Estados Unidos no está realizando una obra de caridad. Chevron, Halliburton y cualquier otra compañía que participe tampoco son organizaciones filantrópicas. Quieren producir petróleo, venderlo y ganar dinero.

Excelente.

Durante demasiado tiempo en América Latina hemos confundido un buen negocio con aquel en el cual la otra parte pierde. Es absurdo. Un buen negocio es aquel en el cual las dos partes ganan.

Si una compañía estadounidense invierte diez y termina ganando quince, no me molesta. Me interesa saber cuánto ganó Venezuela gracias a una inversión que de otra manera no podía realizar. Si entran 100.000 millones de dólares de capital privado; aumenta la producción; se recuperan instalaciones; aparecen empleos; regresan servicios especializados; se pagan impuestos y regalías; se reconstruye capacidad productiva y el Estado vuelve a recibir una corriente importante de ingresos petroleros, entonces Venezuela habrá ganado.

Que el inversionista también gane no constituye una tragedia. Es precisamente la razón por la que invirtió.

Hay quienes responderán que estos acuerdos podrían ser ilegítimos y que un futuro gobierno democrático debería desconocerlos. Muy bien. Supongamos que lo hacemos.

Supongamos que mañana llega un gobierno impecablemente democrático, abre las puertas de Miraflores y anuncia solemnemente que todo lo firmado por las autoridades anteriores carece de legitimidad, que todos los contratos quedan anulados y que empezamos nuevamente.

Quizás recibamos muchos aplausos. Después tendremos que conseguir otros 100.000 millones de dólares. ¿Quién los pondrá?

Ese es el pequeño problema que suele desaparecer en los discursos. Venezuela ya tiene una historia suficientemente larga de expropiaciones, modificaciones contractuales, litigios internacionales, arbitrajes e inseguridad jurídica. Empresas extranjeras que invirtieron cantidades gigantescas durante el chavismo conocen perfectamente cuánto puede costar confiar en el Estado venezolano.

Si conseguimos finalmente que grandes compañías vuelvan a invertir y el próximo gobierno les comunica que sus contratos dejan de existir porque fueron firmados por autoridades ilegítimas, el mensaje no lo recibirán únicamente esas compañías. Lo recibirá todo el planeta: Venezuela sigue sin ser un país seguro para invertir.

Entonces podremos convocar nuevamente a los inversionistas, hacer presentaciones maravillosas, explicar que ahora sí somos una democracia y ofrecer enormes reservas petroleras. Y ellos podrán responder educadamente: muchas gracias, preferimos invertir en otra parte.

El capital tiene una característica que a veces olvidamos: puede marcharse. El petróleo no.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Eso suena extraordinariamente bien hasta que comprendemos que tener petróleo bajo tierra no significa tener dinero.

El petróleo enterrado no paga hospitales, no repara una subestación eléctrica, no lleva agua hasta una vivienda, no reconstruye una carretera, no compra medicamentos, no paga deuda y no alimenta a nadie. Primero hay que sacarlo. Y para sacarlo necesitamos dinero que no tenemos.

Podríamos terminar acostados sobre una cama de petróleo valorada en billones de dólares sin poder siquiera dormir en ella, mientras una riqueza gigantesca permanece enterrada bajo nuestros pies.

El petróleo puede esperar cien años. Los venezolanos no.

Hay otra razón por la que esta oportunidad es extraordinariamente importante. Venezuela no necesita otra bonanza petrolera para celebrar que somos ricos. Necesita una para reparar el país.

Hemos tenido bonanzas anteriormente. Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez entraron recursos extraordinarios como consecuencia del incremento internacional de los precios petroleros. El Estado creció, el gasto explotó y una cantidad gigantesca de dinero fue administrada con una mezcla de proyectos faraónicos, ineficiencia, corrupción y una confianza casi infantil en que los altos ingresos durarían para siempre.

Décadas después, Hugo Chávez recibió otra bonanza extraordinaria y consiguió algo que parecía imposible: disponer de una de las mayores corrientes de ingresos petroleros de nuestra historia y terminar dejando una industria devastada. Una parte gigantesca de aquellos recursos desapareció entre corrupción, despilfarro, subsidios irracionales, proyectos fallidos, clientelismo político y el financiamiento de aliados internos y externos. La renta petrolera dejó de ser fundamentalmente una herramienta para desarrollar al país y se convirtió también en un mecanismo para comprar lealtades y conservar el poder.

La electricidad y el sistema de agua potable necesitan inversiones gigantescas. La vialidad debe ser recuperada. Los hospitales necesitan equipamiento; las escuelas, infraestructura; las ciudades, servicios. La propia industria petrolera necesita continuar reinvirtiendo. Y además existe una montaña de obligaciones y deuda acumulada que ningún gobierno podrá hacer desaparecer mediante discursos.

Por eso esos potenciales ingresos petroleros importan tanto. No para regresar a la Venezuela de «ta' barato, dame dos». No para volver a convencernos de que somos un país rico porque podemos importar todo aquello que no producimos. Tampoco para financiar nuevamente un Estado hipertrofiado que reparta dinero hasta que vuelva a acabarse.

Esta vez la renta petrolera debería servir para reconstruir las condiciones materiales que permitan que Venezuela deje algún día de depender de ella.

Hay incluso una paradoja que seguramente resultará irritante. La presencia estadounidense y los controles que previsiblemente acompañarán estas inversiones podrían obligarnos a administrar mejor una riqueza que nosotros mismos hemos administrado pésimamente demasiadas veces.

No estoy proponiendo entregar un cheque en blanco a Washington. Todo lo contrario. Los contratos deben ser transparentes. Las condiciones deben conocerse. Los ingresos deben auditarse. Venezuela debe saber qué entrega, durante cuánto tiempo, a cambio de qué y bajo qué jurisdicción. El país debe conocer quiénes participan y cuáles son las obligaciones de cada parte.

El acuerdo anunciado todavía presenta interrogantes importantes y sus detalles jurídicos completos no son públicos. Precisamente por eso debemos exigir transparencia. Pero transparencia no significa suicidio económico.

Un futuro gobierno democrático tendrá todo el derecho —y la obligación— de revisar los contratos, investigar posibles hechos de corrupción, exigir cumplimiento, negociar aquello que legítimamente pueda renegociarse y defender los intereses venezolanos. Lo que no debería hacer es declarar que Venezuela comienza nuevamente desde cero cada vez que cambia quien ocupa Miraflores.

Los Estados sobreviven a sus gobiernos. La seguridad jurídica consiste precisamente en eso.

También tendremos que aceptar otra verdad desagradable: Venezuela no está negociando desde una posición de fuerza. No somos la Venezuela de comienzos de los años setenta, con una industria funcionando y recursos abundantes.

Somos un país con infraestructura deteriorada, una industria petrolera disminuida, enormes necesidades de inversión, deuda, servicios públicos destruidos y una población que lleva demasiados años pagando el precio de decisiones que no tomó.

Quien tiene el capital sabe que lo necesitamos y naturalmente intentará obtener buenas condiciones. Eso es negociar. Podremos intentar mejorarlas, proteger nuestros intereses y establecer límites. Pero no podemos sentarnos a la mesa fingiendo que tenemos diez alternativas idénticas esperando afuera. No las tenemos.

Si destruimos esta oportunidad bajo la promesa de que mañana encontraremos otros inversionistas mejores, quizá descubramos demasiado tarde que no había nadie haciendo fila.

La soberanía no consiste en pararse sobre un pozo petrolero y gritar que el petróleo es nuestro. Claro que es nuestro. La pregunta es si somos capaces de convertirlo en bienestar para los venezolanos.

Porque un país puede ser soberano sobre una riqueza que es completamente incapaz de aprovechar. Y puede ser soberanamente pobre.

Después de más de un cuarto de siglo de chavismo, creo que Venezuela ya ha tenido suficiente orgullo inútil. Necesitamos pragmatismo.

¿Los estadounidenses quieren petróleo? Sí. ¿Van a ganar dinero? Naturalmente. ¿Tienen hoy una posición negociadora que les permite obtener condiciones que probablemente no aceptaríamos si Venezuela estuviera en otra situación? También.

Pero hay una pregunta mucho más importante: ¿puede Venezuela beneficiarse enormemente del acuerdo?

Sí.

Entonces negociemos bien. Vigilemos, auditemos, exijamos transparencia y protejamos todo lo que razonablemente podamos proteger. Pero no incendiemos el tren porque no nos gusta quién vendió los boletos.

Quizás este no sea todavía el tren que nos lleve hacia el futuro. Después de todo lo que hemos perdido, inicialmente me conformaría con que nos devolviera hasta donde alguna vez estuvimos: volver a tener electricidad confiable, agua, hospitales razonablemente equipados, carreteras transitables, empleo, producción, servicios públicos que funcionen y una economía donde trabajar permita vivir.

Puede parecer poco para un país que alguna vez soñó con convertirse en una potencia. Hoy sería muchísimo. Después podremos aspirar a más.

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