De un mesías a otro, de un fracaso al siguiente

Simón Bolívar, el hombre que recibió el título de Libertador y que condujo buena parte de la lucha por la independencia de América, expresó ante el Congreso de Cúcuta, el 3 de octubre de 1821, uno de los pensamientos más importantes de su concepción republicana:

«Yo quiero ser ciudadano, para ser libre y para que todos lo sean. Prefiero el título de ciudadano al de Libertador, porque éste emana de la guerra, aquél emana de las leyes. Cambiadme, Señor, todos mis dictados por el de buen ciudadano».

Bolívar comprendía que, en una República, no existe título más importante que el de ciudadano. Los honores militares proceden de las victorias, los cargos políticos son temporales y los reconocimientos personales dependen de las circunstancias. La condición de ciudadano, en cambio, constituye el fundamento de la vida republicana.

Más de doscientos años después, Venezuela sigue sin comprender aquella lección.

La palabra ciudadano se utiliza constantemente en nuestro país. El artículo 21 de la Constitución establece que solamente se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. Por eso encontramos expresiones como «ciudadano juez», «ciudadano ministro» o «ciudadano presidente». También es habitual que los funcionarios policiales se dirijan a las personas utilizando ese tratamiento.

Pero una cosa es utilizar la palabra y otra muy distinta comprender su significado.

Venezuela está llena de personas a quienes se llama ciudadanos, pero su cultura política demuestra una alarmante ausencia de ciudadanía.

Ser ciudadano no consiste solamente en tener una cédula de identidad, votar cada cierto tiempo o exigir derechos. Significa comprender que se tienen responsabilidades frente al país y actuar en consecuencia. Significa participar, vigilar, cuestionar y exigir cuentas a quienes ejercen el poder.

Un ciudadano elige al político que considera más adecuado, pero no le entrega un cheque en blanco. Lo apoya mientras cumple sus obligaciones y lo cuestiona cuando deja de hacerlo. No confunde la lealtad con la obediencia ni convierte la crítica en una traición.

Precisamente eso es lo que Venezuela no ha aprendido.

Del liderazgo al caudillismo y del caudillismo al mesianismo

La historia política venezolana está profundamente marcada por dos fenómenos estrechamente relacionados: el caudillismo y el mesianismo.

El caudillo concentra alrededor de su persona una lealtad que debería pertenecer a las instituciones. Sus seguidores no lo respaldan solamente por sus propuestas, sino por la autoridad personal que le atribuyen. Sus decisiones se convierten en mandatos y sus errores encuentran justificaciones permanentes.

El mesías político representa un paso todavía más peligroso. Ya no es simplemente un dirigente al que se sigue. Es alguien a quien se atribuye la capacidad casi sobrenatural de salvar al país. Sus promesas dejan de examinarse racionalmente y sus seguidores consideran que cuestionarlo equivale a perjudicar la causa nacional.

En Venezuela, el tránsito entre ambas condiciones puede ser extraordinariamente rápido. Algunos dirigentes se convierten primero en caudillos y después en mesías. Otros son elevados directamente a esa categoría por una población desesperada por encontrar a alguien que resuelva sus problemas.

Y cuando las promesas fracasan, en lugar de examinar las responsabilidades del dirigente, aparecen nuevas explicaciones, nuevas excusas y, finalmente, un nuevo mesías.

El ciclo vuelve a comenzar.

Ser líder no significa ser un buen líder

Venezuela ha tenido dirigentes que ejercieron un liderazgo indiscutible, aunque sus actuaciones hayan sido profundamente perjudiciales para el país.

Hugo Chávez Frías fue uno de ellos.

No siento por Chávez el más mínimo aprecio ni respeto. Su liderazgo fue profundamente negativo y su actuación resultó devastadora para Venezuela. Pero negar que fue un líder sería desconocer la realidad.

Chávez tenía una extraordinaria capacidad para movilizar seguidores, construir una relación emocional con ellos y conseguir que aceptaran sus decisiones. Ejerció un liderazgo personalista, autoritario y destructivo. Fue, utilizando una expresión profundamente venezolana, un pran de la política nacional.

Pero era un líder.

También lo fue Carlos Andrés Pérez, quien tuvo una enorme capacidad de convocatoria y protagonizó dos etapas fundamentales de nuestra historia contemporánea.

Rafael Caldera ejerció igualmente un liderazgo político importante. Fue un abogado extraordinariamente preparado, pero también un dirigente profundamente personalista, cuya ambición de poder tuvo consecuencias gravísimas para el país.

Su segundo mandato y las decisiones políticas que lo precedieron contribuyeron a crear las condiciones que facilitaron el ascenso de Hugo Chávez. La historia venezolana no puede comprenderse sin examinar la responsabilidad de Caldera en ese proceso.

Reconocer el liderazgo de estos hombres no significa aprobar sus actuaciones. Significa comprender que el liderazgo es una capacidad, no una virtud moral.

Un dirigente puede conducir a millones de personas hacia un objetivo admirable o hacia una catástrofe.

La historia ofrece abundantes ejemplos de ambas cosas.

Un líder responde por las consecuencias de sus decisiones

Henrique Capriles Radonski consiguió movilizar a una parte importante del electorado venezolano durante sus campañas presidenciales contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Muchos venezolanos depositaron en él sus esperanzas de cambio. Sin embargo, su actuación después de las elecciones de 2013 dejó una profunda decepción entre quienes esperaban una defensa más firme de los resultados.

Capriles denunció irregularidades y exigió una auditoría, pero no logró transformar aquella movilización en una solución política. Tiempo después reconoció públicamente que había evitado una confrontación mayor porque temía que se produjera violencia.

El problema fundamental no es que un dirigente deba buscar enfrentamientos violentos. La violencia nunca puede ser un objetivo político por sí misma. El problema es que quien asume el liderazgo de una nación debe estar preparado para afrontar decisiones difíciles, evaluar sus consecuencias y responder por ellas.

El liderazgo no consiste en prometer que se llegará hasta el final y después descubrir que el camino presenta peligros.

La independencia de Venezuela no se consiguió exclusivamente mediante los extraordinarios discursos y pensamientos de Simón Bolívar. Se consiguió mediante una guerra, con enormes sacrificios y con la participación de hombres que combatieron en los campos de batalla.

Las lanzas de José Antonio Páez, el sable de Manuel Carlos Piar y las armas de Francisco Esteban Gómez fueron instrumentos fundamentales de aquella lucha.

Uno de los mayores méritos políticos y militares de Bolívar consistió en conseguir que hombres con profundas rivalidades personales y políticas actuaran alrededor de un objetivo común.

El liderazgo consiste también en eso: convertir voluntades dispersas en una fuerza capaz de alcanzar resultados.

Winston Churchill ofrece otro ejemplo extraordinario.

Su actuación durante la Segunda Guerra Mundial fue fundamental para sostener la resistencia británica frente a la Alemania nazi. Churchill no necesitó empuñar personalmente un fusil para desempeñar un papel decisivo. Su determinación, sus discursos y su capacidad para mantener la voluntad de resistencia contribuyeron a impedir que Gran Bretaña aceptara una paz que habría favorecido a Hitler.

La historia del siglo XX le debe muchísimo a Churchill, un hombre que también tuvo defectos importantes.

Pero la guerra no se ganó solamente con sus discursos.

Se ganó con los soldados que combatieron, los pilotos que defendieron los cielos británicos, los marinos que mantuvieron abiertas las rutas de abastecimiento y los millones de hombres y mujeres que participaron en el esfuerzo bélico.

El dirigente señala el camino, organiza los recursos y sostiene la voluntad colectiva. Pero su éxito se mide por los resultados, no por la belleza de sus discursos.

Juan Guaidó y el fracaso de otra esperanza

Venezuela convirtió a Juan Guaidó en otro personaje prácticamente intocable.

Durante el período de su presidencia interina, cuestionar su actuación se convirtió para muchos opositores en una conducta inadmisible. Bastaba señalar un error o exigir explicaciones para recibir una acusación que se ha vuelto habitual en la política venezolana: «Tú eres chavista».

Los seguidores de Chávez habían popularizado la idea de que no se podía hablar mal de su comandante. Una parte de la oposición terminó reproduciendo exactamente el mismo comportamiento con Guaidó.

Cambió el personaje, pero no cambió la mentalidad.

Los resultados de su gestión fueron deplorables. La estructura política que encabezó recibió un reconocimiento internacional extraordinario y tuvo acceso a recursos, relaciones diplomáticas y oportunidades que ninguna oposición venezolana había conseguido anteriormente.

Sin embargo, no logró el objetivo fundamental que justificaba su existencia: desplazar al chavismo del poder.

A ello se sumaron denuncias e investigaciones sobre irregularidades en la administración de recursos y sobre actuaciones de personas vinculadas con estructuras de la oposición. Es indispensable establecer las responsabilidades individuales y distinguir las denuncias de los hechos judicialmente demostrados, pero también es indispensable exigir explicaciones sobre el manejo de los fondos.

No se puede pedir confianza ilimitada mientras se considera ofensivo solicitar una rendición de cuentas.

La gestión de Guaidó constituye una demostración de lo que sucede cuando una figura política recibe un respaldo extraordinario sin estar sometida al escrutinio permanente de sus propios seguidores.

María Corina Machado y el regreso de la idolatría

María Corina Machado consiguió un éxito político extraordinario durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La organización que permitió recopilar y publicar las actas electorales constituyó una demostración contundente de la voluntad expresada por los venezolanos y permitió documentar las inconsistencias de los resultados proclamados por el régimen.

Negarle ese mérito sería mezquino.

Fue un trabajo formidable, que exigió organización, valentía y la participación de miles de personas.

Pero reconocer un éxito no obliga a considerar exitosa toda una estrategia.

El objetivo no era solamente demostrar que el chavismo había cometido un fraude electoral. El objetivo era conseguir que se respetara la voluntad popular y se produjera el cambio político.

Y ese objetivo no se alcanzó entonces.

Durante la campaña se repitieron consignas que despertaron enormes expectativas: llegar hasta el final, ganar y cobrar la victoria. Millones de venezolanos confiaron en esas promesas.

Después de las elecciones llegaron las protestas, la represión, las detenciones y las cárceles llenas de presos políticos.

No recuerdo haber escuchado personalmente a María Corina Machado denunciar la situación de esos presos políticos, aunque reconozco que puedo estar equivocado. En cualquier caso, las declaraciones, por necesarias que sean, no sustituyen los resultados.

Los venezolanos tienen derecho a preguntar qué ocurrió con las promesas, cuáles eran los planes para enfrentar la negativa del régimen a reconocer los resultados y qué responsabilidades corresponden a quienes dirigieron aquella estrategia.

El éxito de publicar las actas no puede convertirse en una patente de inmunidad frente a cualquier cuestionamiento posterior.

Y, sin embargo, hemos regresado a una situación conocida.

La idolatría hacia María Corina Machado ha alcanzado niveles extraordinarios. Basta formular una crítica para que aparezcan los insultos y las acusaciones de chavismo.

No importa que quien cuestione al dirigente haya combatido al chavismo durante décadas. No importa que haya denunciado sus abusos ni que haya defendido la libertad de Venezuela.

Si cuestiona a María Corina, inmediatamente se convierte en enemigo.

Eso no es ciudadanía. Es mesianismo.

El 3 de enero cambió la realidad venezolana

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Aquella operación demostró, en una escala relativamente limitada, la extraordinaria superioridad militar estadounidense frente a las capacidades del aparato de defensa venezolano.

La intervención produjo un cambio fundamental en la situación política del país. Sin embargo, no significó la desaparición inmediata del chavismo ni de todas las estructuras que había construido durante décadas.

El poder quedó en manos de una combinación de dirigentes vinculados al régimen anterior, bajo una influencia determinante de Washington.

Es una situación desagradable, pero las transiciones políticas no se construyen exclusivamente con deseos.

La pregunta fundamental es por qué Estados Unidos no entregó inmediatamente el poder a la oposición venezolana.

La respuesta exige examinar las condiciones reales del país, especialmente quién controla las armas, los servicios de inteligencia, los cuerpos policiales, la administración pública y las estructuras territoriales del poder.

Entregar formalmente la presidencia a un dirigente opositor no garantiza que ese dirigente pueda gobernar.

Un presidente que carece de control sobre las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad puede terminar convertido en rehén de quienes conservan el poder efectivo.

Y un gobierno que fracasa por no poder ejercer su autoridad puede abrir el camino para que las mismas fuerzas que destruyeron al país regresen al poder, incluso mediante elecciones.

El peligro de repetir Nicaragua

La experiencia de Nicaragua debería ser una advertencia.

Después de la derrota electoral del sandinismo en 1990, Violeta Barrios de Chamorro asumió la presidencia, pero la transición estuvo condicionada por la permanencia de estructuras de poder vinculadas al sandinismo, especialmente en el ámbito militar.

Daniel Ortega terminó regresando a la presidencia por la vía electoral en 2007.

El resultado posterior es conocido.

Una transición que no consigue desmontar los mecanismos mediante los cuales el régimen anterior conserva capacidad de presión y sabotaje corre el riesgo de fracasar.

En Venezuela, entregar la presidencia a Edmundo González sin garantizarle el control efectivo de los instrumentos del Estado podría conducir a una situación semejante.

El nuevo gobierno tendría que enfrentar organizaciones armadas, servicios de inteligencia, funcionarios leales al chavismo y estructuras políticas capaces de paralizar su gestión.

También existiría el riesgo de que sectores del antiguo régimen intentaran recuperar el poder mediante la fuerza.

La alternativa sería una presencia militar extranjera de gran magnitud, con decenas de miles de soldados capaces de garantizar la seguridad durante la transición.

Pero Estados Unidos no tiene ninguna obligación de asumir semejante sacrificio.

Una madre de Wyoming, Wisconsin o Idaho no tiene por qué recibir una carta del Secretario de Guerra comunicándole que su hijo murió combatiendo por la libertad de Venezuela.

La experiencia estadounidense en Irak y Afganistán demuestra las dificultades, los costos y los riesgos de sostener militarmente procesos de transformación política en otros países.

Por eso, la transición venezolana necesita algo más que la proclamación de un nuevo presidente. Necesita condiciones que permitan gobernar efectivamente.

Argentina también ofrece una advertencia

Mauricio Macri llegó a la presidencia argentina con una oportunidad extraordinaria de transformar el país.

Pero su gobierno enfrentó una oposición peronista y kirchnerista que conservaba una enorme capacidad de presión política, sindical, territorial y parlamentaria.

Los movimientos piqueteros podían provocar graves perturbaciones. Los sectores opositores conservaban influencia en organismos públicos y estructuras de poder. El gobierno se encontró permanentemente condicionado por conflictos que dificultaron su gestión.

Macri tampoco demostró la determinación necesaria para impulsar todas las transformaciones que el país necesitaba.

El resultado fue el regreso del kirchnerismo al poder en 2019.

Recuerdo que, durante aquella campaña electoral, alguien me dijo: «Esto no se aguanta». Mi respuesta fue que esperara a ver lo que sucedería si regresaba el kirchnerismo.

La experiencia posterior demostró que los pueblos pueden olvidar con sorprendente rapidez las razones por las cuales habían decidido cambiar de gobierno.

Venezuela corre un riesgo semejante.

Si una transición fracasa y las condiciones económicas y sociales no mejoran, dentro de algunos años podrían aparecer quienes aseguren que con el chavismo se vivía mejor.

No sería la primera vez que una sociedad termina reivindicando a quienes contribuyeron decisivamente a su ruina.

¿Dónde están las Fuerzas Armadas que apoyan a la oposición?

María Corina Machado ha sostenido que cuenta con un respaldo muy importante dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.

La pregunta es inevitable: ¿dónde estaba ese respaldo cuando se produjo el fraude electoral del 28 de julio de 2024?

Las Fuerzas Armadas tenían la obligación de respetar el orden constitucional. No necesitaban protagonizar un golpe de Estado. Bastaba con que sus mandos se negaran a respaldar actuaciones contrarias a la ley y exigieran el cumplimiento de los procedimientos electorales.

Pero no vimos una reacción institucional de esa naturaleza.

El respaldo que nunca se manifiesta en los momentos decisivos tiene un valor político muy limitado.

La situación material de las Fuerzas Armadas venezolanas también merece un examen realista. Durante años han sufrido problemas de equipamiento, mantenimiento, preparación y condiciones de vida de sus integrantes.

La operación estadounidense del 3 de enero puso de manifiesto las enormes diferencias de capacidad militar entre ambos países.

En cuanto a la Milicia Nacional Bolivariana, las imágenes difundidas durante años difícilmente permiten considerarla una fuerza comparable con unidades militares profesionales bien entrenadas. Ni siquiera tienen condiciones para combatir al Ejército al cual pertenecí, mucho menos a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Fui Boy Scout durante mucho tiempo. Conozco la disciplina, el entrenamiento, la organización y los principios que pueden desarrollar los buenos grupos scouts.

Si tuviera que elegir entre una docena de milicianos improvisados como los que hemos visto en bastantes exhibiciones televisivas y una docena de muchachos scouts bien preparados que he conocido personalmente, tendría muy pocas dudas sobre quiénes demostrarían mayor disciplina, iniciativa y capacidad para resolver determinadas situaciones.

Una fuerza militar no se construye repartiendo uniformes y fusiles. Se construye mediante formación, entrenamiento, disciplina, logística y capacidad de mando.

El político no es el dueño de la causa

La mayor enfermedad política venezolana no es exclusivamente el chavismo.

Es la incapacidad de demasiados venezolanos para comprender que los dirigentes políticos son servidores públicos, no propietarios de la voluntad nacional.

Cuando alguien cuestiona a un dirigente, sus seguidores responden que esa crítica lo debilita. Pero ¿desde cuándo exigir responsabilidad constituye una traición? Precisamente porque se desea que una causa triunfe, corresponde señalar los errores que pueden conducirla al fracaso.

El ciudadano no tiene la obligación de proteger la reputación de un político. Tiene la obligación de defender los intereses del país.

Y cuando un dirigente promete resultados, debe explicar qué consiguió, qué no consiguió y por qué. No basta con decir que hizo todo lo posible. Tampoco basta con acusar de traidores a quienes consideran insuficientes sus resultados.

Las promesas políticas no son actos de fe. Son compromisos que deben estar sujetos a evaluación.

¿De qué viven nuestros dirigentes políticos?

Existe otra pregunta que los venezolanos deberían formular con mucha mayor frecuencia.

¿De qué viven determinados dirigentes políticos que llevan años residiendo en el extranjero, mantienen un elevado nivel de vida y no tienen una actividad profesional conocida que explique sus ingresos?

La pregunta es perfectamente legítima.

No constituye una acusación de corrupción contra una persona determinada. Constituye una exigencia elemental de transparencia, especialmente cuando se trata de dirigentes que han administrado recursos públicos, fondos destinados a actividades políticas o contribuciones recibidas para sostener la oposición venezolana.

Quien maneja recursos ajenos debe rendir cuentas.

La legislación venezolana ha reconocido históricamente la importancia de examinar el patrimonio de los funcionarios públicos y su correspondencia con los ingresos lícitos.

La antigua Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público formó parte de ese esfuerzo por impedir que el ejercicio de funciones públicas se convirtiera en un mecanismo de enriquecimiento injustificado.

El principio es elemental: quien presenta un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos conocidos debe estar en condiciones de explicar su origen. Y ese criterio de transparencia debe alcanzar también a quienes pretenden ejercer el poder. No es razonable que un dirigente reclame confianza absoluta mientras considera ofensivo que le pregunten cómo financia su actividad o de dónde procede su patrimonio.

Los venezolanos deben dejar de comportarse como súbditos agradecidos por las promesas de sus dirigentes. Deben comenzar a comportarse como ciudadanos que exigen explicaciones.

Apoyar ideas no significa idolatrar personas

Soy ampliamente favorable a las ideas defendidas por Javier Milei, Donald Trump y Nayib Bukele.

En el caso de Milei, lo conozco personalmente, conozco sus planteamientos económicos y comparto sus principios fundamentales sobre la libertad, la reducción del intervencionismo estatal y la responsabilidad individual.

Mi apoyo no nace de una admiración ciega hacia su persona. Nace de mi coincidencia con sus ideas y con las políticas que busca aplicar.

Bukele representa una política de recuperación de la seguridad pública que merece atención y reconocimiento. La lucha contra las organizaciones criminales es una obligación fundamental del Estado, y El Salvador ha demostrado que la determinación gubernamental puede transformar una situación de violencia que durante años parecía imposible de controlar.

Como profesional con mucha experiencia en seguridad en general y administración penitenciaria, reconozco la magnitud de ese esfuerzo. El CECOT constituye una instalación penitenciaria extraordinaria, aunque eso no significa que todas sus decisiones operativas o su funcionamiento deban quedar fuera de cualquier evaluación.

Donald Trump ha demostrado una disposición a enfrentar problemas políticos y de seguridad que otros dirigentes prefirieron evitar. Respaldo especialmente su oposición al socialismo autoritario y a los movimientos islamistas que pretenden imponer sistemas políticos teocráticos.

El islamismo político es una ideología que busca organizar el poder y la sociedad mediante principios religiosos. Combatir sus proyectos autoritarios no significa combatir la libertad individual de creer o practicar una religión.

También observo con interés las primeras actuaciones del presidente colombiano Abelardo de la Espriella frente a los grupos criminales, narcoterroristas y subversivos. Recuperar la seguridad y la autoridad del Estado es una responsabilidad que ningún gobierno puede eludir.

Pero ninguno de esos dirigentes está por encima de la crítica. Mientras sus actuaciones respondan a los principios que respaldo, contarán con mi apoyo. Si abandonan esos principios, los cuestionaré.

No respaldo a un hombre por el hecho de ser ese hombre. Respaldo las ideas que defiende y los resultados que consigue. Esa es la diferencia entre un ciudadano y un devoto político.

Venezuela necesita ciudadanos

El futuro de Venezuela no depende solamente de quién ocupe la presidencia. Depende también de que los venezolanos abandonen una cultura política que ha convertido a los dirigentes en figuras intocables.

Durante décadas hemos pasado de un caudillo a otro, de una promesa de salvación a la siguiente y de una decepción política a una nueva idolatría. Hemos confundido popularidad con capacidad, liderazgo con virtud y entusiasmo con resultados. Y, sobre todo, hemos permitido que cuestionar a nuestros propios dirigentes se convierta en una supuesta traición.

Una República no puede funcionar de esa manera.

Los dirigentes deben rendir cuentas porque ejercen responsabilidades públicas. Deben responder por sus promesas porque solicitan la confianza de los ciudadanos. Y deben aceptar las críticas porque el poder no les pertenece. Pertenece a la nación.

Simón Bolívar comprendió que el título de ciudadano era superior al de Libertador porque procedía de las leyes y no de las victorias militares. Dos siglos después, Venezuela necesita recuperar el significado de aquella afirmación.

No necesitamos otro comandante eterno, otro presidente providencial ni otra figura política a la que esté prohibido cuestionar.

Necesitamos ciudadanos capaces de apoyar sin obedecer ciegamente, de reconocer los aciertos sin justificar los errores y de exigir resultados sin temor a recibir insultos.

Necesitamos comprender que ningún político, por popular que sea, tiene derecho a recibir un cheque en blanco.

Venezuela no necesita otro mesías. Necesita ciudadanos.