Colombia, la línea moral que no puede cruzarse
Gobiernos corruptos los ha habido de todos los signos políticos.
Violaciones de derechos humanos se han visto en gobiernos de izquierda, de derecha, militares, civiles, democráticos y autoritarios. Nadie está completamente exento de que aparezcan abusos de poder, funcionarios corruptos o incluso hechos gravísimos.
Pero existe una diferencia fundamental entre hechos aislados y sistemas construidos sobre prácticas sistemáticas.
Sobre todo, existe una línea moral que una sociedad decente jamás debería permitir que se cruce.
En Argentina, los señalamientos de corrupción sobre los gobiernos kirchneristas han sido extraordinariamente graves. La expresidente Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada por corrupción y enfrenta otras investigaciones judiciales. Sobre ella también han recaído sospechas públicas relacionadas con las circunstancias posteriores a la muerte del fiscal Alberto Nisman, sospechas que nunca terminaron de disiparse completamente, aunque ello no haya derivado en responsabilidades judiciales probadas.
En Venezuela, la responsabilidad del chavismo en gravísimos hechos de corrupción, violaciones sistemáticas de derechos humanos, encarcelamientos arbitrarios, torturas y asesinatos difícilmente puede ponerse en duda.
En Nicaragua, el sandinismo también enfrenta señalamientos por corrupción, represión y encarcelamiento de opositores. Sobre Daniel Ortega, además, han recaído acusaciones extremadamente graves formuladas por su propia hijastra, quien sostuvo reiteradamente haber sido víctima de abusos sexuales durante años, afirmando que el poder político del régimen impidió cualquier posibilidad real de justicia.
En Ecuador, Rafael Correa enfrenta condenas y órdenes judiciales relacionadas con corrupción.
En Bolivia, Evo Morales enfrenta una orden de detención por las graves acusaciones que pesan sobre él, vinculadas a una presunta relación con una menor de edad, además de otros cuestionamientos políticos y judiciales.
Todo esto ya sería suficientemente preocupante.
Pero Colombia nos enfrenta a algo aún peor.
El actual presidente Gustavo Petro fue miembro de la guerrilla del M-19, un hecho histórico que no está en discusión. Y aunque las FARC no gobiernan Colombia, resulta imposible ignorar la histórica cercanía política e ideológica de importantes sectores de la izquierda colombiana con estructuras insurgentes cuya relación con el narcotráfico ha sido ampliamente documentada y jamás seriamente negada.
La guerrilla colombiana no está simplemente sospechada de vínculos con el narcotráfico. Fue un actor central de esa estructura criminal.
Las masacres de campesinos, secuestros, atentados y asesinatos forman parte de una tragedia histórica dolorosamente conocida por el pueblo colombiano.
Aquí conviene hacer una aclaratoria indispensable: esto no exculpa a otros actores violentos. También han existido gravísimos abusos atribuidos a sectores paramilitares y otros grupos armados, pero reconocer eso no disminuye la gravedad de los crímenes cometidos por la guerrilla.
Sin embargo, existe algo todavía peor. Algo que debería colocarnos fuera de cualquier discusión ideológica. El secuestro de niñas para convertirlas en esclavas sexuales y el reclutamiento forzado de niños para convertirlos en soldados.
Aquí ya no estamos hablando de economía, no estamos hablando de impuestos. No estamos hablando de izquierda o derecha. Estamos hablando de una línea moral que no puede cruzarse.
Ninguna persona medianamente decente puede relativizar el hecho de convertir niñas en instrumentos sexuales de guerra o arrancar niños de sus hogares para obligarlos a empuñar armas y asesinar. No importa qué tan atractivas puedan parecer algunas propuestas económicas o sociales. Hay cosas que moralmente no pueden aceptarse.
El daño causado no desaparece, esas niñas no simplemente "siguen adelante" y esos niños soldados no "superan la experiencia".
Las ciencias de la conducta son extraordinariamente claras al respecto: el daño psicológico, emocional y social provocado por estas prácticas suele acompañar a las víctimas durante toda su vida. Muchos logran reconstruirse parcialmente, pero casi nunca salen intactos. Por eso, estos hechos no pueden tratarse como simples excesos del pasado. No son errores políticos. No son daños colaterales.