¿Sobrevivirá el nuevo gobierno su primer mes?

Algún día el chavismo dejará el poder. Habrá un nuevo gobierno, nuevas autoridades y probablemente una enorme celebración dentro y fuera de Venezuela. Después de tantos años, será comprensible. Pero cuando termine la celebración aparecerá una pregunta bastante menos agradable: ¿sobrevivirá ese nuevo gobierno su primer mes?

No lo sé. Y creo que nadie puede asegurarlo.

Quizás sobreviva el primero. Entonces habrá que preguntarse si sobrevivirá el segundo. Y después el tercero. Porque sacar al chavismo del gobierno no significa haberlo sacado del Estado, mucho menos haber desmontado las estructuras políticas, económicas, militares, policiales y criminales que crecieron alrededor suyo durante más de un cuarto de siglo.

El problema del día después no será solamente comenzar a gobernar. Será conseguir que lo dejen gobernar.

Existe una comparación histórica que, salvando las enormes diferencias, sirve para entender el concepto. Cuando Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948 no terminó su problema: comenzó inmediatamente otro. Al día siguiente, fuerzas de varios Estados árabes vecinos intervinieron militarmente y el Estado recién nacido tuvo que luchar por sobrevivir.

Venezuela no será Israel en 1948. No espero ejércitos extranjeros atravesando simultáneamente nuestras fronteras. El paralelismo está en otra parte: alcanzar el objetivo político puede ser solamente el comienzo de la verdadera batalla por conservarlo.

Y Venezuela podría presentar una dificultad adicional. Israel sabía quién era el enemigo y contaba con una sociedad extraordinariamente movilizada alrededor de la supervivencia del nuevo Estado. En Venezuela, buena parte de la amenaza estará dentro. El nuevo gobierno ni siquiera podrá saber inicialmente con absoluta certeza con quién cuenta.

¿Quién obedecerá realmente al nuevo ministro? ¿Quién obedecerá al nuevo comandante? ¿Qué unidades militares responderán a la nueva autoridad? ¿Qué policías son confiables? ¿Qué funcionarios cumplirán las órdenes y cuáles intentarán sabotearlas? ¿Qué grupos armados actuarán por cuenta propia? ¿Cuántas estructuras criminales entenderán que el cambio político amenaza sus negocios?

La ceremonia de juramentación puede durar unas horas. Responder esas preguntas puede llevar años.

El primer problema será elemental: un gobierno necesita poder ejercer autoridad.

El nuevo gobierno venezolano heredará unas Fuerzas Armadas que llevan décadas sometidas a politización, deterioro institucional y graves denuncias de corrupción. Heredará cuerpos policiales donde, junto a funcionarios honestos que todavía existen, se han documentado durante años prácticas de extorsión, cobro de matracas, participación en delitos y relaciones con organizaciones criminales.

Pero además encontrará colectivos armados, megabandas, organizaciones guerrilleras y otras estructuras que poseen armamento, control territorial, dinero y experiencia.

Incluso la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas tendrá que ser determinada seriamente. Los combates de Apure de 2021 contra disidencias de las FARC dejaron militares venezolanos muertos y capturados y evidenciaron dificultades importantes frente a un adversario irregular. No hace falta afirmar que Venezuela «perdió una guerra» para entender la advertencia: el nuevo gobierno tendrá que averiguar rápidamente cuál es la capacidad militar real que está heredando y no la que aparece en desfiles y partes oficiales.

Un presidente puede tener una banda presidencial, reconocimiento internacional y legitimidad política. Si no puede hacer cumplir las decisiones legítimas de su gobierno, su poder será considerablemente más pequeño de lo que indica su cargo.

El problema no terminará en los cuarteles.

El nuevo ministro llegará a un ministerio construido durante décadas por el régimen anterior. Encontrará directores, funcionarios, técnicos, administradores y empleados que llevan años trabajando dentro de ese sistema. Algunos serán chavistas convencidos. Otros habrán aprendido simplemente a sobrevivir. Algunos serán corruptos. Otros posiblemente hayan sido relegados precisamente por negarse a participar en la corrupción.

¿Cómo distinguirlos?

No existe una máquina capaz de hacerlo en una semana.

Y allí aparecerán inmediatamente los buenistas: ¿cómo van a despedir a ese pobre funcionario que tiene hijos y simplemente trabajaba allí? La pregunta puede ser humanamente comprensible, pero el Estado no puede organizarse sobre sentimientos. El problema no es castigar a alguien por lo que piensa. El problema es determinar si la persona encargada de ejecutar una decisión del nuevo gobierno está dispuesta a ejecutarla.

Ni siquiera hace falta una gran conspiración para paralizar un país. Basta con que un expediente tarde tres semanas en lugar de tres días, que aparezca un requisito nuevo, que una computadora misteriosamente no funcione, que una orden llegue tarde, que un permiso nunca termine de aprobarse o que siempre falte una firma.

Miles de pequeños sabotajes pueden hacer fracasar una política pública sin que nadie dispare un tiro.

Argentina ofrece una advertencia sobre el costo político de no controlar suficientemente la administración y la calle. Durante el gobierno de Mauricio Macri, estructuras políticas y sindicales vinculadas al peronismo conservaron una enorme capacidad de movilización y presión. En mi opinión, Macri confundió demasiadas veces moderación con falta de autoridad y permitió que sectores de un movimiento que se comporta democráticamente cuando gana, pero no necesariamente cuando pierde, conservaran capacidad suficiente para condicionar su gobierno. Javier Milei adoptó después una concepción bastante diferente respecto del ejercicio de la autoridad estatal frente a bloqueos y protestas.

Venezuela partirá de una situación infinitamente más peligrosa porque allí quienes intenten desestabilizar al nuevo gobierno pueden disponer no solamente de sindicatos y manifestantes, sino también de armas.

Reconstruir las fuerzas policiales será otro problema formidable.

Durante años se han denunciado policías involucrados en extorsiones, secuestros, narcotráfico, cobro de matracas y utilización criminal de recursos oficiales. No hablamos solamente de funcionarios que cobran pequeñas cantidades aprovechándose del uniforme. Existen casos en los que recursos, información, armas e incluso instalaciones policiales han sido utilizados para cometer delitos.

También existe un problema cultural. Cuando determinadas prácticas corruptas se convierten durante años en parte del funcionamiento cotidiano de una institución, no desaparecen automáticamente porque cambie el presidente. Habrá funcionarios que hayan participado porque fueron obligados por superiores, otros que terminaron acostumbrándose y otros que hicieron de aquello su negocio. Incluso se han denunciado estructuras en las que funcionarios deben entregar cuotas de dinero a sus superiores, creando cadenas de corrupción que atraviesan distintos niveles jerárquicos.

El problema consiste en que no podemos simplemente despedir a todos los policías un lunes y comenzar a formar una policía nueva el martes. El país necesitará seguridad desde el primer minuto.

Habrá que identificar funcionarios confiables, recuperar profesionales que fueron apartados, localizar venezolanos capacitados que emigraron y formar nuevas generaciones. Pero tampoco podemos imaginar que bastará con llamar a quienes se fueron hace diez años y pedirles que regresen. Algunos habrán abandonado definitivamente la profesión; otros tendrán familias y carreras en otros países; otros ya no tendrán la edad o condición física necesarias para volver a patrullar una de las sociedades potencialmente más violentas de la región.

Mientras hacemos todo eso, las megabandas no estarán esperando pacientemente que termine el curso de formación de los nuevos agentes.

Por eso habrá que discutir algo que buena parte de la política venezolana preferirá evitar: la posibilidad de necesitar asistencia militar extranjera durante la transición.

No sé si harán falta 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 efectivos o cualquier otra cifra. Eso deberá determinarlo quien realice una verdadera planificación militar. Lo que sí debemos preguntarnos es quién llenará temporalmente el vacío si el nuevo gobierno no puede confiar todavía plenamente en sus Fuerzas Armadas y simultáneamente tiene que enfrentar guerrillas, colectivos, megabandas, organizaciones criminales y posibles focos de insubordinación.

Una presencia militar extranjera suficientemente importante podría cumplir una función fundamentalmente disuasoria: asegurar instalaciones estratégicas, apoyar el control de cuarteles y proporcionar tiempo para reconstruir fuerzas venezolanas profesionales.

A quienes consideran inadmisible esa posibilidad hay que hacerles una pregunta sencilla: ¿cuál es su alternativa?

Porque rechazar una solución no resuelve el problema que esa solución pretendía resolver.

Después aparecerá la economía.

Venezuela necesitará inversiones gigantescas. Petróleo, electricidad, agua, carreteras, telecomunicaciones, industrias y servicios deberán reconstruirse. Un nuevo gobierno podrá ofrecer seguridad jurídica, respeto a la propiedad y contratos confiables. Pero todo eso será insuficiente si no puede ofrecer algo todavía más básico: seguridad física.

Un ejecutivo extranjero no invertirá tranquilamente cientos de millones de dólares en un país donde puede ser secuestrado saliendo de la planta. Una empresa no instalará alegremente operaciones si tiene que pagar extorsiones para funcionar. Un inversionista no preguntará solamente si el contrato será respetado por los tribunales; preguntará si sus empleados podrán regresar vivos a sus casas.

En situaciones extremas, las propias empresas podrían verse obligadas a establecer complejos sistemas de seguridad para sus ejecutivos expatriados, con residencias fuertemente protegidas, traslados especiales y medidas que conviertan la vida empresarial en una operación de seguridad permanente. Ningún país que aspire a atraer capital puede considerar eso normal.

Por eso seguridad y recuperación económica no son problemas separados.

Sin seguridad no habrá suficientes inversiones. Sin inversiones no habrá suficientes empleos. Sin empleos será extremadamente difícil reducir la pobreza y la dependencia. Y mientras llega la inversión, se crean las empresas y aparecen los puestos de trabajo, la gente tiene que comer.

Argentina proporciona actualmente otra advertencia interesante. El gobierno de Javier Milei consiguió reducir dramáticamente la inflación respecto de los niveles que encontró al asumir y estabilizar variables importantes de la macroeconomía. También ha generado un considerable interés inversor internacional. Pero eso no significa que todos los argentinos estén viviendo inmediatamente mejor.

La pobreza todavía es elevada y algunos sectores productivos continúan atravesando dificultades. Una cosa es corregir los grandes desequilibrios macroeconómicos y otra conseguir que esa recuperación llegue al bolsillo de cada ciudadano. Ambas cosas pueden ocurrir a velocidades muy diferentes. Alguien puede reconocer que la inflación ha caído enormemente y, al mismo tiempo, responder: «Sí, pero todavía estoy apretado». Y esa percepción importa políticamente tanto como los indicadores económicos.

Ese contraste es fundamental para Venezuela.

Un gobierno puede estar corrigiendo correctamente desequilibrios enormes y todavía tener ciudadanos diciendo: «Yo no siento ninguna mejora». La macroeconomía puede comenzar a estabilizarse mucho antes de que el trabajador encuentre empleo, recupere poder adquisitivo y pueda llenar tranquilamente el carrito del supermercado.

En Venezuela la dificultad será todavía mayor. La economía que recibirá el nuevo gobierno acumula distorsiones enormes, infraestructura deteriorada, salarios extremadamente bajos y empresas con escasa capacidad para aumentar remuneraciones mientras no recuperen producción y productividad. Corregir todo eso llevará tiempo.

Y el tiempo será precisamente aquello que el nuevo gobierno tendrá que ganarse.

Aquí aparece quizás el mayor peligro.

Las estructuras desplazadas del poder no necesitan necesariamente tomar Miraflores mediante un golpe de Estado. Puede bastarles con conseguir que el nuevo gobierno fracase.

Sabotear servicios, aumentar la conflictividad, generar inseguridad, paralizar organismos públicos, espantar inversionistas, organizar disturbios, incentivar huelgas, crear incertidumbre o conseguir que empresas internacionales retrasen proyectos puede ser suficiente. Un secuestro de alto perfil, una ola de extorsiones contra empresas o ataques contra instalaciones productivas pueden provocar efectos económicos y políticos enormemente superiores al costo material de esos delitos.

Quien quiera derribar al nuevo gobierno comprenderá rápidamente que atacar la seguridad también significa atacar la economía.

Y después solo tendrá que esperar.

Porque la población no puede vivir indefinidamente de explicaciones. El nuevo gobierno podrá decir durante unos meses que recibió un país destruido. Será verdad. Pero llegará un momento en que la respuesta del ciudadano será igualmente comprensible: «Sí, pero ahora usted gobierna. Resuélvalo.»

El nuevo gobierno tendrá entonces una carrera contra el tiempo: tendrá que producir resultados antes de que sus adversarios consigan producir desesperanza.

El Salvador ofrece otra experiencia que merece estudiarse, también con sus controversias. Nayib Bukele decidió enfrentar frontalmente a las pandillas, a las que su gobierno caracteriza como organizaciones terroristas. No se trataba ya de delincuencia común: habían alcanzado niveles de violencia, intimidación y control territorial que les permitían condicionar la vida cotidiana de comunidades enteras.

Su política produjo una reducción extraordinaria de los homicidios y enormes niveles de aprobación interna. Simultáneamente, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y concentración de poder.

No necesitamos convertir a Bukele en santo ni en demonio para aprender algo.

Un Estado democrático tiene derecho y obligación de ejercer la fuerza legítima contra quienes utilizan la violencia para impedir que los demás ejerzan sus derechos. El problema no es utilizar la fuerza. El problema es utilizarla fuera de la ley.

Pero El Salvador muestra además algo particularmente importante para nuestro análisis: la seguridad puede producir resultados perceptibles mucho más rápidamente que la economía. Un ciudadano quizás no comprenda en seis meses cuánto mejoraron las reservas internacionales, el equilibrio fiscal o determinadas variables macroeconómicas. Sí comprende inmediatamente que puede atravesar un barrio al que antes no podía entrar sin arriesgar la vida.

El primer gobierno posterior al chavismo necesitará probablemente alguna victoria de esa naturaleza. Necesitará demostrar rápidamente que el cambio político también significa recuperar calles, barrios y territorios para los ciudadanos.

Y para hacerlo tendrá que ser uno de los gobiernos democráticos más firmes de nuestra historia. Tendrá que respaldar a policías honestos cuando enfrenten delincuentes, desarmar organizaciones ilegales, recuperar territorios, remover funcionarios, intervenir instituciones comprometidas y soportar que inmediatamente aparezcan quienes lo llamen represor, autoritario o dictador.

Si cada acusación consigue detener una decisión necesaria, el gobierno durará poco.

Aquí habrá que tener una claridad absoluta.

Después de décadas de autoritarismo, Venezuela no necesita sustituir una dictadura por otra. Pero tampoco puede cometer el error de confundir democracia con debilidad.

La autoridad democrática no consiste en permitir que cualquiera viole los derechos de los demás para evitar que alguien acuse al gobierno de represor. Consiste en ejercer dentro de la ley toda la fuerza necesaria para proteger esos derechos.

Una manifestación pacífica debe ser protegida. Una organización que utiliza armas para controlar territorio debe ser desarmada. Un ciudadano puede oponerse al gobierno. Un grupo armado no puede decidir qué parte de Venezuela obedece al gobierno y cuál no.

La diferencia es enorme.

Y el nuevo gobierno tendrá que comprenderla desde el primer día.

Quizás esta sea la diferencia más inquietante respecto de Israel.

Israel comenzó su existencia rodeado de enemigos y bajo una amenaza militar inmediata. Pero sabía aproximadamente dónde estaba el enemigo y poseía una sociedad extraordinariamente movilizada para defender al nuevo Estado.

En Venezuela podemos encontrar al adversario dentro del ministerio, dentro del cuartel, dentro de la policía, dentro de una empresa estatal, dentro de una alcaldía o controlando un barrio mediante una organización criminal.

Al mismo tiempo, entre esas mismas instituciones habrá venezolanos honestos que llevan años esperando una oportunidad para reconstruirlas. Habrá militares y policías que no participaron en negocios ilegales y que posiblemente pagaron profesionalmente por ello. Habrá funcionarios públicos que conservaron conocimientos indispensables para que el Estado continúe funcionando.

Habrá que distinguir unos de otros mientras el país sigue funcionando.

No tendremos el lujo de detener Venezuela durante seis meses para averiguar quién es quién.

Eso es muchísimo más difícil que ganar unas elecciones.

Durante años la oposición venezolana se ha concentrado obsesivamente en cómo llegar al poder. Elecciones, negociaciones, presión internacional, protestas, sanciones, acuerdos y toda clase de estrategias han tenido como objetivo llegar a ese momento.

Supongamos que finalmente ocurre.

¿Y ahora qué?

El nuevo presidente tendrá que mantener el orden, reconstruir las policías, evaluar las Fuerzas Armadas, recuperar el control territorial, desmontar estructuras criminales, asegurar infraestructura crítica, depurar la administración, garantizar servicios públicos, evitar una crisis humanitaria, atraer inversiones, recuperar la economía y conseguir que todo eso produzca resultados perceptibles para una población exhausta.

Y tendrá que hacerlo mientras aquellos que pierdan poder probablemente intenten impedirlo.

Por eso no me preocupa solamente quién será el próximo presidente de Venezuela. Me preocupa mucho más si esa persona comprende lo que encontrará cuando abra la puerta de Miraflores al día siguiente.

No bastará con legitimidad. No bastará con popularidad. No bastará con reconocimiento internacional. Harán falta capacidad, planificación, autoridad, decisión y una enorme disposición para asumir costos.

El chavismo puede salir de Miraflores en un día. Sacar al chavismo del Estado y reconstruir la República llevará años.

La primera misión del nuevo gobierno será conseguir esos años.

Porque antes de preguntarnos cómo será Venezuela después del chavismo, quizá deberíamos hacernos una pregunta bastante más urgente:

¿Sobrevivirá el nuevo gobierno su primer mes?

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