¿Elecciones? Aún no

Existe hoy una fuerte presión desde distintos sectores políticos para convocar elecciones inmediatas en Venezuela. El argumento parece sencillo: la Constitución de 1999 establece que, ante la falta absoluta del presidente durante los primeros cuatro años del período constitucional, debe realizarse una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días siguientes. Jurídicamente, si aceptamos ese texto constitucional como punto de partida, el argumento exist

El problema es que Venezuela no se encuentra en una situación constitucional normal. Pretender resolver una situación extraordinaria aplicando mecánicamente una norma concebida para la sucesión dentro de un Estado que funciona puede conducir precisamente al resultado que se pretende evitar. Porque la pregunta verdaderamente importante no es cuándo podemos votar, sino en qué condiciones podemos hacerlo sin poner nuevamente a Venezuela en manos del chavismo.

Una Constitución cuya legitimidad está cuestionada desde su origen

En primer lugar, existe una discusión anterior que no puede simplemente ignorarse: la legitimidad de la propia Constitución de 1999. Su ilegitimidad de origen ha sido sostenida durante años por numerosos juristas venezolanos y no constituye una ocurrencia surgida de la coyuntura política actual. Yo mismo he desarrollado anteriormente esta posición, incluso en Techos Rojos, Abismo Rojo: el proceso constituyente de 1999 violentó el orden constitucional que decía sustituir y produjo una Constitución concebida dentro del proyecto político que posteriormente utilizó sus instituciones para consolidarse en el poder.

Resulta por tanto paradójico pretender resolver la destrucción institucional producida por el chavismo sometiéndonos precisamente a las reglas creadas por el chavismo para construir su sistema. Pero incluso si, únicamente a efectos del análisis, aceptáramos íntegramente la Constitución de 1999 como marco jurídico vigente, todavía tendríamos delante un problema mucho mayor: no existen actualmente las condiciones materiales e institucionales necesarias para realizar unas elecciones capaces de producir una democracia estable.

La norma puede establecer treinta días. La realidad no tiene obligación de acomodarse al calendario. Y aquí regreso inevitablemente a la idea que desarrollé cuando escribí sobre la Realpolitik que Venezuela necesita: cualquier proyecto político serio tiene que comenzar determinando dónde estamos realmente, no dónde quisiéramos estar.

Una transición no es simplemente una elección

Existe una tendencia a imaginar las transiciones políticas como un procedimiento casi administrativo: cae el régimen, se convocan elecciones, gana alguien y comienza la democracia. La historia demuestra que las cosas pueden ser bastante más complicadas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no celebró inmediatamente unas elecciones nacionales y entregó el país a quien resultara vencedor. Las primeras elecciones federales de Alemania Occidental se realizaron en 1949, cuatro años después de terminada la guerra. Antes hubo ocupación, desnazificación, reconstrucción institucional y reorganización política. Japón también atravesó un largo proceso de ocupación y transformación de sus instituciones. La democracia no consistió simplemente en colocar unas urnas sobre las ruinas y declarar terminado el problema.

Ni siquiera necesitamos viajar tan lejos. Cuando cayó Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, Venezuela no celebró elecciones presidenciales treinta días después. Las elecciones se realizaron el 7 de diciembre de aquel año, más de diez meses después.

Y aquella Venezuela estaba infinitamente mejor preparada institucionalmente para hacerlo que la actual. Había que realizar una transición política, pero existía un Estado. Existían Fuerzas Armadas organizadas, administración pública, tribunales y una economía funcionando. Existía una sociedad que, con todos sus problemas, conservaba su estructura fundamental. No había millones de venezolanos dispersos por el planeta ni extensas estructuras criminales y armadas desarrolladas durante décadas alrededor del poder.

Si aquella Venezuela necesitó más de diez meses para celebrar elecciones, resulta difícil sostener seriamente que la Venezuela actual puede resolver en treinta días problemas infinitamente mayores.

Primero hay que saber quién vota

Uno de los primeros problemas es el registro electoral. Aquí conviene precisar las cifras porque durante años se han repetido datos incorrectos. En las elecciones de 1998 había alrededor de once millones de electores inscritos. Hoy el registro electoral supera los veinte millones.

Naturalmente, el crecimiento del registro durante más de un cuarto de siglo tiene explicaciones legítimas: aumentó la población, nuevas generaciones alcanzaron la mayoría de edad y se realizaron campañas masivas de inscripción. Pero la composición actual del registro resulta, como mínimo, sospechosa y merece una auditoría profunda.

Venezuela tiene actualmente una población de alrededor de 27 millones de habitantes. Si más de veinte millones aparecen inscritos para votar, estamos hablando aproximadamente de tres cuartas partes de toda la población. Y estamos hablando de un país que históricamente se caracterizó por tener una población relativamente joven y que, además, recibió durante décadas importantes corrientes migratorias cuyos integrantes no necesariamente adquirieron la ciudadanía venezolana.

Para que esas cifras representaran perfectamente la realidad tendríamos que encontrarnos con una Venezuela con una proporción sorprendentemente pequeña de niños y adolescentes y con muy pocos extranjeros sin derecho al voto. Puede existir una explicación demográfica parcial, especialmente después de años de emigración masiva, pero la magnitud de la relación entre población total y electores registrados es suficiente para despertar sospechas y exigir una revisión seria antes de convocar cualquier elección presidencial.

A ello se agrega otro problema gigantesco: millones de venezolanos viven actualmente fuera del país. Muchos han encontrado enormes dificultades para inscribirse, actualizar su residencia electoral o ejercer efectivamente el derecho al voto. Existen además desde hace años denuncias sobre fallecidos que permanecen registrados, cambios irregulares de centros electorales, problemas de identificación y otras anomalías que deben investigarse en lugar de aceptarse simplemente porque aparecen en una base de datos oficial.

Antes de unas nuevas elecciones presidenciales, el registro debe ser auditado profundamente, depurado y actualizado mediante mecanismos verificables. También debe resolverse de manera seria el derecho al voto de los venezolanos que se encuentran en el exterior.

Eso requiere tiempo. Y pretender hacerlo apresuradamente solo aumenta las posibilidades de repetir los mismos problemas.

Después necesitamos un árbitro

El segundo problema es todavía más evidente: ¿quién organiza las elecciones?

Una elección democrática requiere algo más que urnas, máquinas y papeletas. Requiere confianza suficiente en las reglas y, especialmente, en quienes las administran. El sistema electoral venezolano ha perdido esa confianza después de años de control político de sus instituciones y de procesos profundamente cuestionados.

No tiene sentido convocar apresuradamente a millones de personas a votar mientras permanecen intactas las estructuras institucionales que produjeron la crisis electoral anterior. Si el árbitro continúa respondiendo al mismo entramado político, si los mecanismos de control siguen siendo cuestionados y si las instituciones llamadas a resolver las controversias tampoco generan confianza, celebrar elecciones no resuelve el problema: lo reproduce.

No necesitamos solamente cambiar algunos nombres. Necesitamos construir un sistema electoral cuya imparcialidad pueda ser razonablemente aceptada incluso por quien pierda. Porque una democracia no existe cuando acepto las elecciones únicamente si gano; existe cuando puedo perderlas y seguir confiando en que el resultado es legítimo.

También necesitamos Justicia

Supongamos que conseguimos un nuevo organismo electoral. Todavía no alcanza. ¿Quién resuelve las controversias? ¿El mismo sistema judicial que durante años ha sido utilizado como instrumento del poder político?

Una elección no termina cuando se cuenta el último voto. Puede haber impugnaciones, denuncias, decisiones administrativas, conflictos sobre candidaturas, recursos y reclamaciones. Todo ello necesita tribunales capaces de decidir conforme a Derecho y cuyas decisiones posean suficiente legitimidad institucional.

Venezuela no dispone actualmente de esa garantía. Por eso la reconstrucción electoral no puede separarse de la reconstrucción judicial. Cambiar el árbitro dejando intacto al tribunal que puede modificar posteriormente el resultado equivale a cambiar al árbitro de fútbol mientras permitimos que una de las partes decida después si el marcador vale.

Y después están las armas

Este es probablemente el asunto que más incomoda a nuestra clase política y, precisamente por eso, uno de los que más debemos discutir. Las elecciones expresan la voluntad popular, pero esa voluntad necesita un Estado capaz de hacer respetar el resultado.

Venezuela no tiene únicamente unas Fuerzas Armadas profundamente politizadas durante más de un cuarto de siglo. Existen además colectivos armados, grupos irregulares, organizaciones criminales, megabandas y otras estructuras de poder que no desaparecerán porque un organismo electoral anuncie un resultado.

Ese problema existirá al día siguiente de cualquier elección. Y quien no tenga una respuesta para él no tiene un plan de transición.

Ya he planteado anteriormente el problema de una oposición que puede llegar hasta el área y no saber meter el gol. Aquí ocurre exactamente lo mismo: ganar unas elecciones no sirve de mucho si quien las gana carece después de capacidad para ejercer efectivamente el gobierno.

No basta con ganar. Hay que poder gobernar.

Nicaragua debería habernos enseñado algo

La historia latinoamericana ofrece un ejemplo que Venezuela debería estudiar cuidadosamente. Los sandinistas perdieron las elecciones nicaragüenses de 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro. Formalmente abandonaron la Presidencia, pero conservaron importantes espacios de poder político, militar, institucional y económico.

Daniel Ortega regresó posteriormente al gobierno por la vía electoral y desde allí fue reconstruyendo progresivamente un sistema autoritario mucho más difícil de desalojar.

Ese es exactamente el peligro que Venezuela no puede permitirse. El objetivo de una transición no puede consistir únicamente en conseguir que el chavismo abandone temporalmente Miraflores. Tiene que conseguir que no pueda regresar utilizando las estructuras de poder que haya conseguido conservar después de abandonar el gobierno.

Porque si mañana celebramos unas elecciones, gana un candidato democrático y dejamos intactas las redes políticas, económicas, institucionales, criminales y armadas construidas durante décadas, quizás hayamos cambiado al presidente sin haber cambiado realmente el poder.

Y entonces la transición habrá fracasado antes de comenzar.

Afganistán también debería enseñarnos algo

Existe además una lección todavía más brutal. Estados Unidos consiguió expulsar a los talibanes del poder en Afganistán en 2001. Construyó nuevas instituciones, apoyó gobiernos, entrenó fuerzas de seguridad e invirtió durante veinte años cantidades gigantescas de dinero. En agosto de 2021, cuando desapareció el respaldo militar estadounidense, el gobierno afgano se derrumbó con una velocidad extraordinaria y los talibanes regresaron a Kabul.

La lección no consiste en comparar al chavismo con los talibanes. Consiste en comprender algo elemental sobre el poder: sacar a alguien del gobierno no significa necesariamente destruir la estructura que le permite regresar.

Irak mostró, de otra manera, los riesgos de desmontar un régimen sin conseguir inmediatamente una estructura política y de seguridad capaz de sustituirlo. Una transición mal diseñada puede resolver un problema y crear cinco nuevos.

Por eso no quiero simplemente que el chavismo salga. Quiero que salga y no vuelva.

El problema de Delcy Rodríguez

Esto también explica una cuestión que he abordado anteriormente y que provoca comprensiblemente rechazo entre muchos venezolanos: la permanencia de Delcy Rodríguez en una posición central durante la transición.

Yo también la rechazo. Pero una cosa es aquello que deseo y otra aquello que considero posible en determinado momento.

Si el chavismo conserva todavía control sobre estructuras armadas, burocráticas e institucionales que un gobierno opositor no puede controlar inmediatamente, colocar simplemente a un dirigente opositor en Miraflores y esperar que todo el aparato obedezca puede terminar en desastre.

Un presidente sin capacidad efectiva para gobernar no es realmente un presidente. Puede convertirse en rehén de quienes conservan el poder material, ser derrocado o encabezar formalmente un gobierno mientras las decisiones reales continúan tomándose en otra parte. En el peor escenario, la disputa por esas estructuras podría terminar en una confrontación interna mucho más grave.

La transición tiene que resolver ese problema antes de declarar que la democracia ha sido restaurada. El objetivo no consiste en cambiar la persona sentada en el despacho presidencial. Consiste en recuperar el Estado.

El chavismo tampoco es un partido normal

Aquí aparece otra discusión incómoda. No considero al chavismo simplemente un adversario político con el que existe una diferencia doctrinaria. Durante más de un cuarto de siglo se desarrolló alrededor del chavismo una estructura de poder vinculada a corrupción sistemática, persecución política, utilización partidista de las instituciones y múltiples actividades criminales.

Por tanto, no puede tratarse el problema como si mañana pudiéramos organizar unas elecciones entre socialdemócratas, liberales, conservadores y chavistas, contar los votos y después ir todos tranquilamente a nuestras casas.

Desmontar el chavismo como estructura de poder no significa únicamente sacar a determinadas personas de los cargos públicos. Significa desmontar redes de corrupción, recuperar instituciones, investigar delitos, restablecer el control territorial, separar las estructuras criminales del Estado y evitar que los mecanismos construidos durante décadas puedan simplemente cambiar de apariencia y esperar una nueva oportunidad para recuperar el gobierno.

Hacer todo eso mientras simultáneamente se organiza una elección presidencial en treinta días no es realismo. Es fantasía.

La democracia no comienza el día de las elecciones

Este es quizá el error conceptual más importante. Una elección no crea una democracia. Una democracia permite realizar elecciones capaces de producir resultados legítimos y respetados.

Para que unas elecciones produzcan realmente un gobierno democrático tienen que existir previamente determinadas condiciones: reglas conocidas, registro confiable, árbitro independiente, libertad política, posibilidad de hacer campaña, medios de comunicación razonablemente libres, seguridad para candidatos y electores, tribunales capaces de resolver conflictos y, fundamentalmente, capacidad institucional para conseguir que quien pierde entregue el poder.

Si esas condiciones no existen, colocar urnas puede producir votos. No necesariamente democracia.

Por eso las elecciones deben ser una etapa de la transición y no necesariamente su primer acto.

No se trata de posponerlas indefinidamente

Naturalmente aparecerá inmediatamente la acusación de que este razonamiento pretende justificar una transición eterna. No es así. Las elecciones tienen que celebrarse y precisamente porque tienen que celebrarse debemos procurar que sirvan para algo.

La transición debería establecer objetivos concretos y verificables: depuración y actualización del registro electoral; reconstrucción del organismo electoral; garantías efectivas para los venezolanos en el exterior; recuperación de condiciones mínimas de libertad política; reconstrucción de la independencia judicial; garantías de seguridad; recuperación del control efectivo del territorio y neutralización de las estructuras armadas capaces de desconocer un resultado electoral.

Cuando esas condiciones existan razonablemente, se celebran elecciones. No cuando hayan transcurrido arbitrariamente treinta días, pero tampoco cuando hayan transcurrido diez años.

El criterio debe ser mucho más sencillo: cuando podamos confiar razonablemente en que quien gane podrá gobernar y quien pierda tendrá que aceptar que perdió.

La transición termina cuando perder deja de ser una tragedia

Durante décadas los venezolanos desarrollamos una costumbre extraña antes de las elecciones: guardar agua, comprar comida, tener efectivo disponible y prepararnos para cualquier cosa que pudiera ocurrir. Muchas veces no ocurría nada, pero el miedo existía.

Comparemos eso con democracias institucionalmente más estables. En Estados Unidos las elecciones presidenciales se celebran un martes. La inmensa mayoría de las personas trabaja normalmente, vota cuando puede y continúa con su vida. En Argentina, donde he participado incluso como miembro de mesa, una elección puede generar enorme pasión política, pero no significa que la población tenga que prepararse como si estuviera llegando un huracán.

Eso es normalidad republicana.

Venezuela habrá terminado realmente su transición cuando pueda cambiar de presidente sin que esté en peligro la República; cuando un ciudadano pueda votar por un candidato, perder, criticar al ganador durante cuatro años y volver a intentarlo en las elecciones siguientes; cuando nadie necesite almacenar comida porque hay elecciones; cuando ningún empresario tema que un cambio de gobierno destruya su empresa y cuando ningún militar tenga que decidir a qué facción obedece.

Cuando perder una elección signifique simplemente convertirse en oposición, podremos decir que hemos recuperado la República.

Primero reconstruir la República

Venezuela no necesita simplemente elegir un nuevo presidente. Necesita reconstruir las condiciones que hacen posible que exista una Presidencia democrática.

Necesita recuperar instituciones, Justicia, seguridad, control territorial, administración pública y reglas electorales. Necesita saber quién vota, quién cuenta los votos, quién resuelve las controversias y quién garantiza que el vencedor pueda gobernar. Necesita además desmontar las estructuras que podrían utilizar una elección como mecanismo para sobrevivir, reorganizarse y regresar posteriormente al poder.

Todo eso es mucho más difícil que convocar unas elecciones. Pero también es mucho más importante.

La ansiedad por votar rápidamente es comprensible después de tantos años. Millones de venezolanos quieren cerrar esta etapa cuanto antes. Yo también. Pero precisamente porque hemos esperado demasiado no deberíamos arriesgarnos a hacerlo mal por querer hacerlo rápido.

Una mala transición puede devolvernos al punto de partida. Nicaragua debería bastar como advertencia. Afganistán debería bastar como advertencia. Nuestra propia historia debería bastar como advertencia.

No quiero unas elecciones simplemente para poder decir que Venezuela volvió a votar. Quiero unas elecciones que permitan que Venezuela vuelva a ser una República.

La pregunta, entonces, no es cuándo podemos colocar unas urnas. La pregunta es cuándo podremos votar sabiendo que el vencedor gobernará, que el derrotado entregará el poder y que ninguna estructura política, institucional, criminal o armada podrá decidir que los votos no importan.

Ese día habrá llegado el momento de las elecciones. Antes de eso, apresurarlas puede producir exactamente aquello que deberíamos evitar.

Porque unas elecciones prematuras podrían no salvar a Venezuela. Podrían salvar al chavismo.